Por Diana Cariboni* – Democracia Abierta
A veces parece que América Latina es el único muro contra la nueva ola global autoritaria. Pero esto es una verdad a medias.
El desfile de algunos presidentes latinoamericanos defendiendo la democracia, denunciando los crímenes en Gaza o las amenazas de Donald Trump puede hacer creer que América Latina resiste el ascenso del autoritarismo con matices fascistas que se ve por todas partes. Pero esta caracterización es engañosa.
En efecto, América Latina aún tiene gobiernos que, además de ganar elecciones, respetan el estado de derecho y la división de poderes, y entre ellos varios de centroizquierda o progresistas, como Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
Pero las fuerzas de ultraderecha y los impulsos autoritarios no han hecho sino crecer en los últimos años.
“No creo que sea posible decir que la región resiste un avance autoritario”, dijo a openDemocracy la abogada chilena Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch (HRW).
“Es una región con democracias que han sufrido serios embates autoritarios que en algunos países duraron décadas”, advirtió. “El haber vivido este pasado autoritario permite reconocer los primeros signos de autoritarismo, que debemos analizar como una alerta temprana de erosión de la democracia”.
Veamos esta aparente paradoja: Brasil y Chile, representados por los dos gobernantes que mejor expresan valores democráticos en la arena internacional, albergan fuerzas de ultraderecha con músculo para ganar elecciones, aplastar la democracia o corroerla desde adentro.
La justicia de Brasil acaba de condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete altos cargos de su gobierno por el intento de golpe de Estado de 2022 para desconocer el resultado de las elecciones que ganó el veterano líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La trama, que incluía extremos como detener o matar a Lula, a su vice y al magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, fracasó cuando los comandantes del ejército y la fuerza aérea se negaron a sumarse.
Brasil también resiste los embates de Trump, que impuso aranceles de 50% a las importaciones brasileñas y les retiró las visas a ocho de los 11 ministros del STF, como castigo por enjuiciar a Bolsonaro.
El ataque tuvo la consecuencia no buscada de mejorar la popularidad de Lula, que también ha sido elogiado fuera de su país. Todo esto sucede mientras Brasil avanza en la lucha contra la pobreza y logra salir, por segunda vez bajo un gobierno de Lula, del mapa del hambre de la FAO, porque menos de 2,5% de su población pasa hambre o está desnutrida.
El golpismo encontró un freno en Brasil. Pero sigue movilizado y al acecho, sostenido por una extrema derecha diversa, con amplias bases electorales y apalancado por una potencia como Estados Unidos, con Trump al frente.
Hace unas semanas, los legisladores bolsonaristas se amotinaron en el Congreso para forzar la votación de un proyecto de amnistía para Bolsonaro. No lo consiguieron, pero en septiembre lograron aprobar el carácter de urgencia para el proyecto, lo que significa que se puede someter a votación del pleno en cualquier momento.
El hijo de Bolsonaro, Eduardo, abandonó su banca de diputado con licencia para encabezar una campaña en Washington contra su propio país. Dirigentes del bolsonarismo también quieren impulsar un juicio político contra los jueces que condenaron a Bolsonaro. Ya lo dijo en 2020 Trump al grupo neofascista Proud Boys: “Retrocedan y esperen”. Ellos lo tomaron como un mensaje de aliento y, el 6 de enero de 2021, asaltaron el Capitolio.
¿Democracia siempre?
Otro presidente de izquierda, el chileno Gabriel Boric, viene liderando con sus pares de Brasil, Colombia, España y Uruguay, un espacio para la defensa de la democracia que ya lleva tres encuentros en el último año – dos en el marco de las asambleas generales de la ONU en Nueva York, y uno en Santiago en julio pasado. El compromiso es regenerar el multilateralismo, luchar contra la desinformación, los extremismos y la desigualdad.
Boric, que encabeza un gobierno de partidos de izquierda y centroizquierda, ha sobresalido por su respeto a las normas democráticas y su rechazo sin ambigüedades a los autoritarismos, incluidos los que se dicen de izquierda, como Venezuela y Nicaragua.
También en sus denuncias por los crímenes en Gaza.“Yo no quiero ver a [el primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, dijo Boric en la última Asamblea General, el 23 de septiembre.
Su gobierno, junto con México y Colombia, se sumó en 2024 a la denuncia de crímenes de lesa humanidad en los territorios de Palestina, presentada por Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoros y Djibouti ante la Corte Penal Internacional. Y también intervino en la demanda que Sudáfrica abrió contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la presunta violación de la convención contra el genocidio.
Pero, sin mayorías en el parlamento, Boric no ha podido llevar a cabo las reformas más importantes que se proponía; tuvo que virar su agenda hacia la seguridad, forzado por el aumento de ciertos delitos y un debate público exaltado, y ha mantenido niveles muy bajos de aprobación.
La ultraderecha chilena nunca dejó de ser influyente, pero en los últimos años adquirió una nueva identidad partidaria con el Partido Republicano, cuyo líder José Antonio Kast aparece como favorito para ganar las elecciones generales de este año.
Kast es un personaje orgánico del extremismo derechista global, representado por Trump, Javier Milei o el español Santiago Abascal. Rechaza los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad para las personas LGBTIQ e incluso la Convención de los Derechos del Niño. Fue presidente de la Political Network for Values, una plataforma de políticos y activistas ultras de Europa, América Latina, EEUU y África. Y es, también, heredero del pinochetismo, del que nunca se distanció.
En México, la otra gran democracia de la región, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), una izquierda populista y poco dada al internacionalismo, va por su segundo mandato consecutivo, y se anota una importante reducción de la pobreza. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, es una figura respetada que ha logrado mantenerse firme ante los embates arancelarios y amenazas militares de Trump.
Pero México sigue inmerso en la violencia criminal y la corrupción de los aparatos del Estado y ha militarizado la seguridad pública. En lo que va del siglo han desaparecido más de 127.000 personas.
Colombia, gobernada por el primer presidente progresista de su historia, Gustavo Petro, está otra vez hundida en la violencia de grupos narcos, paramilitares y guerrillas. Basta ver el tiempo y las concesiones que le costó a Petro aprobar una modesta reforma laboral, que devolvía derechos básicos eliminados en 2002, para calibrar el poder de bloqueo de las élites económicas a cada pequeño avance social para las mayorías.
La corrosión democrática, con distintos tonos y acentos, es visible en los gobiernos de Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador y Dina Boluarte en Perú.
Otros países con democracias en problemas son Bolivia, Honduras y Guatemala. Y también están las dictaduras. Venezuela y Nicaragua reprimen duramente el disenso. Y la población de Cuba languidece silenciada bajo un régimen de partido único, la pobreza y el bloqueo económico de Estados Unidos.
En Haití tampoco hay democracia, de hecho ni siquiera gobierno, con el país dividido y controlado por distintas bandas criminales.
Apuntando a la sociedad civil
Una marca transversal del autoritarismo en la región es la represión de las protestas, la persecución de periodistas y el ahogamiento económico y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil. Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Nicaragua han seguido este camino.
“Debiéramos preocuparnos por nuestras democracias cuando se ataca y demoniza a la sociedad civil como un enemigo de la nación, o se instrumentaliza a la familia y la niñez como si ellas estuvieran en riesgo al proteger los derechos humanos de las mujeres o de otras personas históricamente discriminadas”, dijo Sáez, de HRW.
Estos ataques, que no se restringen a América Latina, fueron denunciados el mes pasado por cuatro relatores especiales de libertad de expresión, libertad de reunión y asociación, derechos humanos y derechos de los defensores en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
En una declaración conjunta, estos expertos “condenan inequívocamente […] la represión intensificada a nivel mundial de estas libertades y el uso de la criminalización, reforzada por la estigmatización […] contra quienes ejercen estos derechos, como herramienta para reprimir las acciones colectivas no violentas y los movimientos de solidaridad”.
El texto explica que quienes ejercen “legítimamente” sus libertades fundamentales son presentadas como personas “enemigas”, “traidoras”, “espías”, “terroristas” o “criminales” […] “para justificar y ampliar prácticas, políticas y leyes represivas”.
¿Quién resiste?
“Creo que la resistencia hoy está en la sociedad y en organizaciones más bien voluntarias, no tanto en movimientos sociales organizados o partidos políticos, estos más bien están en crisis, salvo excepciones”, dijo a openDemocracy la politóloga argentina María Esperanza Casullo, estudiosa del populismo.
El mes pasado, decenas de miles de personas se manifestaron en ciudades en Brasil contra la amnistía para Bolsonaro. En Argentina, son frecuentes las movilizaciones sociales por mejores salarios, pensiones y recursos para la salud y la educación, pero pocas fueron tan convocantes como la protesta “antifascista y antirracista” de febrero, que se replicó en varias ciudades y superó las expectativas de sus organizadores, en respuesta a Milei, quien había acusado a las personas LGBTIQ de “pedofilia”.
“El desafío es organizar esa resistencia que es bastante silvestre”, dijo Casullo.
En Perú, luego de la violencia contra las manifestaciones de 2022 y 2023 contra la destitución irregular del presidente Pedro Castillo, que causó 49 muertos, en las últimas semanas miles de jóvenes salieron a protestar por una reforma previsional que afecta los ingresos de los trabajadores independientes.
“No sé si América Latina es la única región que resiste; hemos visto resistencias o intentos de resistencias en España, Italia, Estados Unidos”, agregó Casullo. “El tema es que hasta ahora es difícil acumular suficiente poder, creo, porque la elite está muy consolidada”.
Para Sáez, de HRW, “en el campo de los derechos de mujeres, que es el que conozco mejor, las resistencias están donde siempre han estado: en las organizaciones de base de mujeres organizadas para pelear por su derecho a la autonomía, incluido el derecho a la tierra y el derecho a una vida y salud dignas para ellas y sus familias”.
En 2024, cuando el gobierno argentino cortó drásticamente las ayudas alimentarias, fueron las mujeres organizadas en ollas populares quienes sostuvieron la lucha contra el hambre.
En México, las madres buscadoras lideran luchas por el derecho a la vida y a la justicia.
“Las resistencias vienen de las mujeres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos y que se organizan para combatir la pobreza y el crimen organizado en sus comunidades”, dijo Sáez.
Pero la región, concluyó, “no está protegida de la escalada autoritaria”.
*Diana Cariboni reside en Uruguay y comenzó a escribir para Tracking the Backlash en 2018. Actualmente es editora para América Latina de Democracia Abierta y coordina los reportajes de investigación en la región. Anteriormente fue coeditora jefe de la agencia de noticias IPS y dirigió su sección de América Latina durante más de diez años. Es autora del libro Guantánamo Entre Nosotros (2017) y ganó el Premio Morosoli de periodismo internacional en 2023 y el Premio Nacional de Prensa de Uruguay en 2018.