Por José Manuel Peña Penabad* – Mundiario
La escalada entre Israel e Irán no es sólo un choque militar, sino un modelo de conflicto permanente que el sistema ha aprendido a gestionar sin resolver.
La escalada entre Israel e Irán no es solo un choque militar ni una disputa por la seguridad regional. Es también la expresión de un modelo de conflicto que el sistema internacional ha aprendido a administrar sin resolver. En ese marco, la guerra sirve a la vez para reforzar la posición exterior de Israel, reordenar el mapa regional y contener sus propias contradicciones internas como Estado definido simultáneamente por la seguridad, la expansión territorial y una democracia cada vez más tensionada.
La guerra entre Israel e Irán no puede interpretarse únicamente como un episodio coyuntural de escalada geopolítica ni como una simple reacción a una amenaza nuclear o regional. Esa lectura, aunque parcialmente correcta, resulta insuficiente. Su lógica es más profunda y remite a un patrón estructural que atraviesa buena parte de los conflictos contemporáneos: su gestión sin resolución. Es decir, conflictos que no se resuelven definitivamente, pero tampoco estallan de forma total, sino que se mantienen en un estado intermedio, controlado, recurrente.
En este sentido, el caso israelí encaja con notable precisión en un marco analítico basado en la continuidad institucionalentre los dispositivos de gobierno del periodo mandatorio y las formas contemporáneas de gobernanza internacional. Durante el Mandato británico, Palestina fue administrada bajo una lógica de tutela externa que nunca llegó a resolver plenamente la cuestión de la soberanía. Lejos de desaparecer, esa lógica se ha transformado y adaptado. Hoy se expresa a través de mecanismos distintos —acuerdos internacionales, equilibrios diplomáticos, intervenciones selectivas, fórmulas de contención y supervisión— pero mantiene una misma función: gestionar el conflicto sin cerrarlo.
Cronificar el conflicto
Esto es lo que puede definirse como anacronismo funcional: instituciones o lógicas heredadas de otro tiempo que, lejos de ser obsoletas, siguen operando porque cumplen una función en el presente. En este caso, la función es clara: mantener un equilibrio inestable que evita tanto la resolución definitiva como el colapso total. El conflicto no desaparece; se administra. No se clausura; se regula. No se resuelve; se cronifica.
Sobre esa base deben entenderse los objetivos de Israel en su confrontación con Irán. En el plano más inmediato, el primero es claro: contener o degradar la capacidad iraní, especialmente en su dimensión nuclear, percibida en Israel como una amenaza existencial. El segundo consiste en neutralizar o debilitar el eje regional articulado por Irán, esto es, su red de aliados y actores armados no estatales: Hamás en Gaza, Hizbulá en Líbano, los hutíes en Yemen y otros espacios de proyección indirecta. El tercero es restablecer y reforzar la capacidad de disuasión israelí, erosionada cada vez que sus adversarios logran golpear su territorio o condicionar su libertad de maniobra.
Aprovecharse del desorden geopolítico de Oriente Medio
Pero esos no son los únicos objetivos. Israel aspira también a consolidarse como la principal potencia militar efectiva de Oriente Medio, no solo por superioridad técnica, sino por capacidad de iniciativa, de inteligencia y de proyección operativa. A ello se suma una dimensión regional más amplia: reconfigurar el sistema de alianzas en el mundo árabe y musulmán. No se trata tanto de “unificar” la región como de aprovechar, profundizar y ordenar sus fracturas ya existentes: entre monarquías conservadoras y regímenes revolucionarios, entre poderes suníes y chiíes, entre Estados pragmáticos y actores ideologizados, entre agendas nacionales y ejes transnacionales.
En ese marco cobra sentido la aproximación a Arabia Saudí y la voluntad de mantener abierta, o incluso acelerar en determinadas condiciones, la lógica de los Acuerdos de Abraham. La guerra con Irán funciona así también como una palanca para inducir alineamientos regionales, forzar definiciones y presentar a Israel no solo como actor militarmente invulnerable, sino como socio necesario de un nuevo orden de seguridad en Oriente Medio.
Intentar que Israel sea el bastión occidental
Hay además un objetivo menos visible, pero crucial: preservar la centralidad estratégica de Israel ante Estados Unidos y Occidente. Una guerra de alta intensidad con Irán refuerza el argumento de que Israel sigue siendo el principal bastión occidental en la región, el actor mejor preparado para contener a un adversario sistémico y el socio al que no se puede dejar caer. En ese sentido, la confrontación externa también produce capital político y diplomático.
Sin embargo, todos estos objetivos contienen contradicciones profundas. La degradación de Irán o de sus aliados no implica necesariamente la desaparición del conflicto, sino su transformación. Cada golpe genera una respuesta, cada operación un reajuste, cada victoria táctica abre nuevos frentes de inseguridad. El resultado no es la paz, sino una inestabilidad estructurada, en la que los actores aprenden a operar dentro de un conflicto permanente. La violencia no desaparece: cambia de forma, se desplaza, se redistribuye.
Eso es precisamente lo que cabe llamar cronificación del conflicto. La violencia deja de orientarse a una victoria final —cada vez más improbable— y pasa a convertirse en un mecanismo de regulación. Ni guerra total ni paz efectiva: un estado intermedio que se estabiliza en el tiempo. Y esa cronificación no solo afecta al plano militar. La escalada golpea a la economía mundial, tensiona las rutas energéticas, incrementa la volatilidad del petróleo y del gas, perjudica el comercio y añade incertidumbre a un sistema económico ya debilitado por crisis sucesivas. La guerra deja de ser un problema regional y se convierte en un factor estructural de desorden global.
Democracia solo aparente
Pero es en el plano interno donde esta lógica adquiere su mayor profundidad explicativa. Israel se define como un Estado judío y democrático. Sobre el papel, ambas dimensiones deberían poder convivir. En la práctica, generan tensiones crecientes. Y aquí conviene precisar una cuestión básica: la democracia no consiste solo en votar. No se agota en la existencia de elecciones competitivas ni en la mera participación electoral. Una democracia sustantiva exige, además, igualdad ante la ley, universalidad de derechos, garantías efectivas, control del poder y ausencia de discriminaciones estructurales estables.
Desde esa perspectiva, el problema israelí no puede reducirse a la existencia de instituciones representativas dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. La cuestión es más profunda: la democracia entra en fricción con una concepción del Estado que, para preservar su carácter judío, necesita mantener determinadas jerarquías demográficas, jurídicas y territoriales. Dicho de otro modo: cuanto más central es la preservación del carácter etno-nacional del Estado, más difícil resulta universalizar plenamente la igualdad política y jurídica en todos los espacios sometidos a su poder efectivo.
Esta tensión se hace visible de forma especialmente clara en Cisjordania, donde coexisten dos sistemas jurídicos: uno civil para los colonos israelíes y otro militar para la población palestina. En términos sencillos: dos personas que viven en un mismo territorio, bajo una misma autoridad última, están sujetas a leyes distintas en función de su identidad nacional y estatuto político. Esa realidad cuestiona directamente la idea misma de democracia entendida como igualdad sustantiva.
Y esa contradicción se agrava a medida que la ocupación se hace estructural. Desde la perspectiva de la continuidad institucional, esta configuración no es una anomalía pasajera, sino la evolución funcional de un modelo más antiguo: un régimen de soberanía incompleta, territorialidad fragmentada y administración tutelar del conflicto. Lo que en otro tiempo fue mandato, supervisión y tutela, hoy reaparece bajo formas diferentes: control militar, fragmentación administrativa, mediación permanente, dependencia exterior y suspensión indefinida de una resolución soberana efectiva.
Reforzar el falso eje identitario
En este contexto, la guerra contra Irán cumple también una función interna decisiva. Actúa como un dispositivo de cohesión securitaria. Frente a una amenaza exterior percibida como existencial, la sociedad se agrupa, las diferencias se subordinan, los debates incómodos retroceden y la seguridad pasa a ocupar el centro del sistema político. Lo urgente desplaza a lo importante. La amenaza externa no solo legitima la acción militar, sino que reorganiza todo el espacio político.
Eso tiene consecuencias concretas. La discusión sobre la calidad democrática del sistema, la reforma judicial, la concentración de poder, la relación entre religión y Estado, las fracturas entre laicos y religiosos o la desigual distribución de cargas cívicas y militares pasan a un segundo plano. También se atenúa, aunque sea temporalmente, el conflicto entre una parte de la sociedad israelí y sectores del poder político cuestionados judicial o institucionalmente. En ese sentido, la guerra ofrece una cobertura política adicional a un gobierno presionado tanto en el terreno interno como en el internacional.
Aquí entra otro de los elementos que habíamos señalado: la guerra puede servir también para desplazar, esquivar o desactivar parcialmente la presión judicial y política sobre dirigentes israelíes, tanto en el plano internacional como interno. No porque esa sea necesariamente su formulación oficial, sino porque la lógica de excepción securitaria reduce el espacio público disponible para exigir responsabilidades y coloca la razón de Estado por encima de otras consideraciones.
Pero la cohesión securitaria no es neutra. Tiene un correlato territorial. El refuerzo del paradigma de seguridad facilita la consolidación de hechos sobre el terreno, especialmente mediante la expansión de asentamientos en Cisjordania. Esos asentamientos no son solo una consecuencia ideológica del sionismo religioso o del nacionalismo territorial. Son también un instrumento material de control espacial, fragmentación territorial palestina y anexión gradual de facto. Cada carretera, cada nueva urbanización, cada infraestructura, cada ampliación de perímetro hace más difícil revertir la situación. Lo que debía ser provisional se convierte en permanente. La ocupación se normaliza.
Y aquí aparece una de las claves más delicadas del debate: la relación entre expansión territorial, anexión y estructura demográfica. Si Israel profundiza su control sobre Gaza y Cisjordania sin integrar políticamente a la población palestina en condiciones de igualdad, refuerza una estructura de dominación territorial incompatible con una democracia plena. Pero si avanzara hacia una igualdad política efectiva en todo el territorio bajo su control, aparecería otra contradicción central: la preservación del Estado judío como Estado de mayoría garantizada se vería profundamente tensionada.
Las insolubles contradicciones internas
Esa es la razón por la que el problema no puede formularse solo como una oposición entre democracia y autoritarismo. El núcleo del dilema israelí es más preciso: la dificultad de compatibilizar simultáneamente tres objetivos:
mantener el carácter judío del Estado,
garantizar una democracia sustantiva,
y conservar un control territorial ampliado.
No es posible maximizar los tres al mismo tiempo.
A ello se suma otra tensión interna nada menor: la demografía judía israelí depende crecientemente del peso de sectores ultraortodoxos con patrones de integración muy desiguales en la estructura estatal, especialmente en lo relativo al servicio militar, al mercado de trabajo y al modelo educativo. Esto introduce una paradoja adicional: parte del equilibrio demográfico que permitiría preservar el carácter judío del Estado descansa en grupos cuyo encaje en el modelo clásico del Estado nacional moderno es problemático. La cuestión no es meramente religiosa; afecta a la cohesión cívica, a la distribución de cargas y a la propia idea de ciudadanía compartida.
Todo ello vuelve más visible el carácter etnocrático del modelo. No en el sentido simplificador de negar por completo la existencia de instituciones democráticas, sino en el de señalar que esas instituciones operan dentro de un marco político que jerarquiza pertenencias, derechos y espacios. La democracia existe, pero no de manera homogénea ni universalizable en todo el territorio sobre el que el Estado ejerce control efectivo. Y esa limitación no es coyuntural: forma parte de la estructura.
La guerra contra Irán debe leerse, por tanto, en esta doble clave. Por un lado, como una estrategia de seguridad destinada a contener una amenaza real, restaurar la disuasión, neutralizar el eje iraní, reafirmar la supremacía militar israelí, facilitar nuevos alineamientos regionales, aproximarse a Arabia Saudí y mantener abierta la lógica de los Acuerdos de Abraham. Por otro, como un mecanismo que permite gestionar —sin resolver— una contradicción interna estructural: la imposibilidad de conciliar plenamente democracia sustantiva, identidad etnonacional y expansión territorial.
En este sentido, la guerra no es solo un instrumento de política exterior. Es también una pieza funcional dentro de la arquitectura de un conflicto cronificado. Su persistencia no responde únicamente a la incapacidad de resolverlo, sino también al papel que desempeña: estabilizar un sistema que, sin ese conflicto, vería aflorar con mayor intensidad sus fracturas de fondo.
Y ahí es donde el problema deja de ser exclusivamente israelí o iraní para interpelar al sistema internacional multilateral. Durante décadas, ese sistema ha demostrado mucha capacidad para contener, amortiguar, dosificar o administrar conflictos, pero mucha menos para resolverlos. Ha tolerado situaciones de excepcionalidad permanente, soberanías incompletas, dobles raseros jurídicos y marcos de negociación indefinidos que, lejos de desactivar la violencia, la sedimentan. Se ha acostumbrado a gestionar el conflicto como si gestionarlo fuera suficiente.
Ese es, probablemente, el error de fondo. Porque un conflicto gestionado indefinidamente no se ablanda: se endurece. Se burocratiza, se normaliza, se incrusta en las instituciones, en la economía, en las percepciones de seguridad, en las identidades políticas y en las geografías del poder. Cuanto más tiempo pasa, más costoso resulta desmontarlo.
Por eso, un verdadero reenfoque del sistema internacional debería empezar por invertir la lógica dominante. No se trataría solo de pedir contención, desescalada o diálogo genérico, sino de vincular de manera efectiva la legitimidad internacional a la resolución material de las causas del conflicto. Eso implica, al menos, cuatro exigencias: igualdad real de derechos como criterio irrenunciable; rechazo de las situaciones prolongadas de excepcionalidad jurídica; límites efectivos a la anexión de facto mediante colonización territorial; y sustitución de la tutela perpetua por horizontes verificables de soberanía, responsabilidad y justicia.
Mientras el multilateralismo siga premiando la mera gestión y no la resolución, seguirá produciendo el mismo resultado: conflictos más duros, más largos y más difíciles de cerrar. El caso de Israel e Irán, leído desde la continuidad institucional y la cronificación del conflicto, lo muestra con claridad. La guerra puede organizar el desorden, puede aplazar la explosión, puede reordenar alianzas y reforzar temporalmente la cohesión interna. Pero no resuelve el problema. Solo lo administra hasta la siguiente escalada. Y un orden internacional que se limita a administrar la perpetuación del conflicto termina convirtiéndose, quiera o no, en parte de su reproducción.
*José Manuel Peña Penabad, economista.