Editorial / Análisis – Diario Red
Cohetes de guerra contra mineros artesanales, fusiles a los civiles para matar delincuentes o escudos antibalas para dar discursos, son las imágenes de los guerreristas de ahora en América Latina, como son, en su orden: Daniel Noboa, Javier Milei y José Antonio Kast, en lo que da cuenta de una nueva etapa del militarismo “fase superior del neoliberalismo”.
Si de algo creíamos habernos curado en América Latina, después de las dictaduras de la segunda parte del siglo XX, era del militarismo. La doctrina de seguridad nacional, creada desde Washington y aplicada con sangre y fuego en casi toda la región fue enterrada en varias legislaciones y denostada por centros académicos después de comprobarse que costo de las dictaduras y de la aplicación de esa doctrina fue demasiado alto en vidas humanas, en retroceso económico (por más que digan que en Chile fue exitoso) y, sobre todo, en el deterioro de la vida pública.
En su expresión más evidente, el llamado Plan Cóndor, se afincaron procesos que devinieron en el neoliberalismo que se impuso desde hace cuatro décadas, además de instituciones estatales al servicio de las Fuerzas Armadas o como parte de ellas, con generales al frente de empresas y corporaciones gubernamentales, cual emporio monárquico.
Ahora están de vuelta. Con la mascarada de gobiernos antiterroristas, con funciones y poderes especiales, con el pretexto de combatir la inseguridad y al crimen organizado transnacional, los gobiernos conservadores y de derecha están regresando a los tiempos de las guerras civiles y las botas militares. Países, como Brasil, Chile y Argentina, han potenciado la industria militar, con negocios y corporaciones que inciden directamente en las políticas del gobierno civil.
En este siglo se evidenció con más claridad con el arribo de Jair Bolsonaro, un militar retirado, con una fuerte acogida en las élites neofascistas brasileñas, con el discurso de combatir al comunismo y desterrar al Foro de Sao Paulo, entre otras cosas.
Por ese camino también llegó Nayib Bukele sometiendo a la sociedad salvadoreña a una securitización extrema, encarcelamiento sin límites y sin debido proceso judicial para los detenidos en batidas y arrestos masivos, sin dejar de lado los cambios legales y judiciales para garantizar la impunidad de los militares y policías, ejecutores de su política de “seguridad”.
Esto, que algunos llaman Plan Cóndor 2, se aplica en Ecuador con un Daniel Noboa gobernando con toques de queda, estados de emergencia y de excepción en casi 80% del tiempo que ocupa el poder, desde noviembre de 2023.
Noboa ha dado poderes supraconstitucionales a policías y militares, fueros especiales, bonos y pagos extras en sus salarios, entre otras prebendas, en detrimento de otros servidores públicos como maestros y personal médico. Y para combatir la protesta social usa la figura penal del terrorismo y para desalojar a los mineros artesanales cohetes de guerra que solo se usan ahora en Ucrania.
Y ni qué decir ya lo que se le ocurrió al ingenioso Javier Milei en Argentina, al permitir a los ciudadanos el uso de fusiles para “defensa propia”, al peor estilo de la sociedad estadounidense. Si la motosierra fue un modo violento de mostrarse como quien es capaz de arrasar con todo el que se lo atraviese, ahora les da a los argentinos un gran pretexto para “sentirse seguros” enfrentando a los potenciales enemigos.
Por si eso fuera poco, estos días vemos a un candidato presidencial en Chile, José Antonio Kast, que aboga o anticipa lo que podría ser su gobierno en caso de ganar las elecciones de este domingo. Kast ha comenzado a usar escudos antibalas para impedir que los “comunistas” lo asesinen, generando una sensación de miedo y de alerta dramática a sus intervenciones públicas.
No es de sorprender que todos ellos, además de vestirse de militares en momentos de tensión política, se ajustan al libreto estadounidense en todas sus expresiones guerreristas, defendiendo a Israel, las bases militares en nuestra región y una estrategia cibernética global para “evitar” una invasión china en América Latina.
La democracia en América Latina está entrando en una fase de “anorexia extrema” y las instituciones civiles son desplazadas o ignoradas como la base y sustento de la ciudadanía, concepto que también es ahora alojado en el rincón de los recuerdos para ser suplantado por el de mercado como la expresión máxima del capitalismo.
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