Por Emilia G. Morales* – Público.es
En marzo, Israel prohibió que organizaciones humanitarias como UNRWA llevaran ayuda a la Franja, lo que provocó una hambruna trágica.
Washington y Tel Aviv crearon la Fundación Humanitaria de Gaza para asegurar un mínimo de asistencia, pero sus repartos se convirtieron en una ratonera para los palestinos.
La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) anunció el pasado 23 de noviembre que se retiraba de la Franja después de cuatro meses y medio operando en ella. En este tiempo ha repartido «187 millones de raciones gratuitas», según las cifras del informe publicado este mes por la propia organización. Esto supone, aproximadamente, una media de 19 camiones de ayuda humanitaria al día, de acuerdo a los cálculos de Público.
Un volumen mínimo si se tiene en cuenta que para satisfacer las necesidades básicas de la población gazatí es necesaria la entrada de unos 600 camiones de ayuda humanitaria al día, según las estimaciones de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU (UNRWA).
Pese a que la GHF afirma en su informe que ha entregado la ayuda «de forma segura, eficiente y sin ningún caso de saqueo ni desvío», su gestión ha dejado un reguero de 2.615 palestinos muertos y otros 19.182 heridos. Estas cifras provienen del Ministerio de Salud palestino y han sido contrastados por la Organización Mundial de la Salud.
La violencia contra civiles desarmados y hambrientos en los lugares de reparto de ayuda han generado una enorme controversia y les han valido el calificativo de «trampas mortales», como la ha descrito Raquel Martí, directora de la UNRWA España en conversaciones con Público. Por ello, todo tipo de organizaciones, desde la ONU hasta la Cruz Roja, así como un puñado de Gobiernos árabes y europeos, pidieron el cierre de la organización y la vuelta de otras organizaciones humanitarias a estas tareas. De momento, nadie ha asumido ninguna responsabilidad por estas masacres.
El pacto de alto el fuego establecía que, en la primera primera fase, el Ejército israelí debía replegarse hasta detrás de esta perímetro que, posteriormente, sería ampliado unos kilómetros más. Actualmente, el 42% de la Franja de Gaza se encuentra dentro de la línea amarilla, donde se concentran los 2,1 millones de personas que malviven en el enclave. Oficialmente, las IDF no pueden poner un pie de este territorio. Esto quiere decir que si la GHF llevara ayuda hasta los palestinos, no contaría con la protección de los militares israelíes.
Masacres y negación
Desde el comienzo de su actividad, la GHF ha contado con el respaldo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los cuatro puntos de reparto «seguros» situados en el sureste del enclave palestino han sido unos de los muchos escenarios en los que los soldados israelíes han hecho gala de su impunidad. Desde el primer día en que se puso en marcha la entrega de la ayuda humanitaria, los militares israelíes han herido y matado a palestinos que acudían a ellos.
Así lo han acreditado numerosos vídeos y testimonios en los últimos seis meses. Uno de ellos fue el médico anestesista español Raúl Incertis, quien trabajó durante cuatro meses en el Hospital Nasser, en Khan Yunis. Según relató en una entrevista que dio a la Cadena Ser el pasado mes de agosto, cuando la GHF comenzó su actividad, empezaron a recibir «a numerosos pacientes con disparos en la cabeza y en el tórax. Niños también». Pese a las muchas pruebas, la GHF siempre ha negado que se haya producido algún altercado durante los repartos y han calificado dichas informaciones de «narrativas mediáticas falsas».
Las IDF no son las únicas que han hecho de estos puntos de reparto una «ratonera» para humanos. Otras empresas estadounidenses, como la Safe Reach Solutions (SRS) o la UG Solutions, también han participado en la logística y protección de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). La primera es una contratista de seguridad privada capitaneada por el exagente de la CIA, Philip Reilly. La segunda, contratada por SRS, tiene a su mando a un antiguo boina verde llamado Jameson Govoni.
La naturaleza de estas empresas chocaba frontalmente con el trabajo humanitario, y ninguno de sus dirigentes tenía experiencia en este sector. Esta es una de las razones por las que Raquel Martí cree que las masacres no eran casualidad. En conversaciones con Público, la directora de la UNRWA en España ha explicado que el cometido de la GHF «nunca ha sido parar la hambruna, sino perpetuarla» mediante la creación de «trampas para matar y herir a los mismos que iban a buscar ayuda».
Martí relata que antes del bloqueo de Israel, la UNRWA y otras organizaciones repartían ayuda humanitaria a través de 400 puntos distribuidos a lo largo de toda la Franja de Gaza. Además, proveían de alimento a varias cocinas comunitarias de Gaza. Tras la ruptura del alto el fuego de principios de año y varios meses de bloqueo total de la Franja, en la que no entró ningún alimento, material o medicación, «Israel sustituyó todo lo anterior por solo tres puntos de reparto de comida». Estos se concentraban en el sur de la Franja de Gaza, por lo que la población que vivía en otras regiones del enclave continuaba desabastecida.
Además, el modelo de reparto es contrario al que siguen las organizaciones humanitarias, «en las que se reparte por criterios de vulnerabilidad, no en función de quién era el más rápido o el más fuerte para cargar más kilos de ayuda humanitaria». Todo esto, lamenta Martí, convertía los repartos de ayuda humanitaria en una suerte de «juegos del hambre», donde una población deteriorada por dos años de genocidio debía «correr entre las balas» para conseguir algunos artículos de higiene y algo de alimento.
Las imágenes, los diversos testimonios o la situación de vulnerabilidad en la que todavía se encuentran los gazatíes no han impedido a la GHF lanzar un mensaje triunfalista sobre su trabajo en la Franja. En su comunicado de despedida, además de criticar la falta de colaboración de las organizaciones que operaban tradicionalmente en el enclave, ha asegura que ha cumplido su misión de «llevar alimentos, esperanza y dignidad a Gaza».
*Emilia G. Morales, redactora en la sección de datos e investigación de Público. Ha desarrollado investigaciones para Bloom, Ashoka, Transparencia Internacional Venezuela y Fundación porCausa, además de participar en proyectos trasnacionales como Asbestos: Letal Legacy. Ha escrito en El Mundo, El Salto, El País y La Marea.