Por Jorge Luis Sierra* – Diario Red
La estrategia de un modelo militarizado es reactiva, punitiva e ineficaz a largo plazo.
Desde la presidencia de Richard Nixon, que declaró la guerra contra las drogas en 1971 hasta la de Donald Trump que declaró a los carteles del narcotráfico como terroristas, ha pasado más de medio siglo de una militarización sostenida que está muy lejos del éxito y muy cerca de lo que los mismos expertos militares de Estados Unidos consideran una contrainsurgencia fallida.
Esa guerra sostenida durante más de cinco décadas ha movilizado mucha fuerza y recursos militares con la esperanza de terminar con el narcotráfico por la vía de la violencia. Con el pretexto de la guerra contra las drogas y con una retórica propia de la Guerra Fría, Estados Unidos invadió Grenada en 1983 y luego Panamá en 1989, estableció bases de operación avanzada en Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, Puerto Rico y Colombia, además de la de Aruba-Curazao en el Caribe. Luego lanzó el Plan Colombia. El resultado no fue la reducción del consumo de drogas en Estados Unidos, sino el aumento exacerbado de la violencia en los países de América Latina.
Trump no parece comprender mucho de las lecciones de la historia. También con un pretexto antidrogas, el gobierno actual de Estados Unidos está formando una masa de fuerza naval junto a Venezuela y Colombia, donde hay gobiernos que no simpatizan con Donald Trump. Ya sabemos que parte de su estrategia es el bombardeo de pequeñas embarcaciones que, según el Pentágono, llevaban drogas hacia Estados Unidos. Ahora, una flota especializada en combate litoral ha llegado al Golfo de México para apoyar al Comando Norte en sus operaciones antinarcóticos en su frontera sur con México. Y en su retórica, el gobierno mantiene la idea de lanzar misiles contra las bases de narcotraficantes en territorio mexicano.
Todo para que el consumo de drogas en Estados Unidos se mantenga históricamente intacto y ahora esté virando hacia drogas como el fentanilo, mucho más dañinas que las tradicionales como la marihuana, el opio y la cocaína.
Los estudios militares han insistido en que esa estrategia está equivocada. Un documento reciente de la National Defense University, A Framework for Countering Organized Crime: Strategy, Planning, and the Lessons of Irregular Warfare, elaborado por David H. Ucko y Thomas A. Marks, ofrece claves indispensables para entender por qué la política antidrogas de Estados Unidos está atrapada en un ciclo de reacción, militarización y falta de resultados.
Para los autores, la estrategia militarizada ataca los síntomas y deja intactos los problemas de origen, genera un efecto de hidra constante con la multiplicación de grupos criminales cada vez más agresivos cuando un cartel es descabezado. La militarización produce un desplazamiento geográfico del crimen, pero no su reducción, y genera la ilusión de éxito basado en métricas de decomisos, arrestos y delincuentes abatidos, sin alterar la dinámica estratégica de las organizaciones criminales.
Muy convencido de que tiene la razón, Estados Unidos está presionando a México, como lo ha hecho en los últimos 50 años, para que replique ese modelo militarizado. El estudio de Ucko y Marks considera que la estrategia detrás de ese modelo es reactiva, punitiva e ineficaz a largo plazo. Las lecciones que dejó el gobierno de Felipe Calderón y su versión mexicana de la guerra contra el narcotráfico mostraron que cuando México sigue ese modelo, la presión militar y la respuesta violenta de los carteles empujan a la población hacia el desplazamiento forzado, la cantidad de homicidios y desapariciones crece de manera exponencial y las instituciones, incluidas las fuerzas armadas, se debilitan con signos de corrupción interna, desgaste moral, abuso de la fuerza y proclividad a la violación de derechos humanos.
La estrategia elegida por Estados Unidos y con la cual presiona para que México siga el mismo camino ha logrado la extradición de narcotraficantes notables, pero ha dejado una estela de violencia, relevos rápidos en las organizaciones criminales, adaptación constante en el campo delictivo y desarrollo de capacidades cada vez mayores para enfrentar a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
Aunque la declaración estadounidense de los carteles como grupos terroristas es más retórica y política, las organizaciones criminales mexicanas han estado usando el terror en comunidades altamente vulnerables. Lo hemos visto en Pantelhó, Chiapas, donde los grupos criminales dinamitan puentes para cortar el paso a las comunidades en resistencia o en la sierra Tarahumara, donde un cartel local ha usado drones para destruir con explosivos las viviendas de los pobladores, forzar su éxodo y apropiarse de sus campamentos de extracción de pepitas de oro.
Ucko y Marks advierten que mientras Estados Unidos vea al narcotráfico como un problema técnico-militar y no como un conflicto irregular profundamente político, seguirá produciendo políticas que agravan la violencia, fortalecen a los cárteles y deterioran la legitimidad de los gobiernos.
La ceguera e ignorancia histórica de Trump y sus asesores civiles y militares permiten suponer que este gobierno seguirá adelante con la militarización sin importar si el resultado final es el riesgo de que los carteles del narcotráfico, en pleno desarrollo, muten ahora sí del terrorismo táctico al estratégico y México pase a niveles de violencia impredecibles, nunca antes vistos.
Los autores insisten en la necesidad urgente de reemplazar a la militarización con una política distinta que permita a los países involucrados en el conflicto romper con la dependencia de la fuerza militar, atender las razones sociales, económicas y políticas de la violencia, mantener un marco civil de gobernanza y legitimidad e integrar una estrategia apta para enfrentar al narcotráfico como un fenómeno transnacional al que debe enfrentar con todos los elementos del poder nacional, no sólo con los militares.
*Jorge Luis Sierra, periodista y editor mexicano-estadounidense.