Editorial – La Jornada
La destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado y su remplazo por el extremista Mike Pompeo, quien hasta ayer se desempeñó como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), así como la designación al frente de esa dependencia de Gina Haspel, una veterana agente vinculada a prácticas regulares de tortura para obtener información de los detenidos, marcan una profundización en la hostilidad del gobierno de Donald Trump hacia la comunidad internacional, denotan el creciente caos en que se desenvuelve la actual presidencia estadunidense y prefiguran tiempos aún más oscuros para la vigencia de los derechos humanos y la legalidad internacional.
Aunque ya no resulta sorprendente, no puede pasarse por alto la forma grosera y poco institucional en la que el huésped de la Casa Blanca ejecuta sus decisiones: mediante tuits. Fue así que Tillerson se enteró de su despido, como lo hizo constar el subsecretario Steve Goldstein, quien fue asimismo echado del cargo unas horas después. Por otra parte, la designación de Pompeo, un halcón del llamado Tea Party (ultranconservadores) que promueve el espionaje de los ciudadanos por las dependencias gubernamentales, defiende la tortura, preconiza la intensificación de las operaciones encubiertas en Afganistán y despotrica contra el acuerdo de desnuclearización de Irán porque lo considera demasiado blando hacia ese país, hace inevitable pensar en una acentuación de las posturas de Washington, de por sí beligerantes y agresivas, hacia el resto del mundo.
A la vista de semejante recambio es claro que tanto el tono como el contenido de lo recientemente hablado por los gobernantes de América Latina con Tillerson durante la gira de éste por la región, quedará sujeto a una revisión y que los inesperados avances que el ahora ex secretario de Estado había logrado para relajar la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte pueden desvanecerse en cualquier momento.
Más preocupante aun, el arribo a la dirección de la CIA de Gina Haspel hace pensar que el papel de Washington como violador mundial de los derechos humanos puede alcanzar niveles más escandalosos que durante los periodos presidenciales de George W. Bush, cuando esa dependencia, el Pentágono y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) establecieron una red de centros de tortura y asesinato en decenas de países, con el pretexto de la guerra contra el terrorismo.
Es pertinente recordar, a este respecto, que Haspel supervisó uno de esos centros, situado en Tailandia, en donde decenas de presuntos militantes de Al Qaeda fueron brutalmente torturados con ahogamientos –llamados waterboarding en la jerga de la CIA– y que posteriormente se encargó de destruir los videos que documentaban tales atrocidades.
Los relevos referidos ocurrieron, para colmo, el mismo día en que Trump visitó los prototipos del muro que pretende construir en la frontera común con México –un gesto de suyo agresivo– en un predio situado en San Diego, California. Como cabía esperar, el mandatario aprovechó la visita para denostar y amenazar a ese estado, que se opone a la xenofobia presidencial y se niega a colaborar en la persecución de migrantes.
Lo más alarmante es que resulta sumamente difícil encontrar en toda la hostilidad del gobernante del país vecino una estrategia política definida y clara. Todo parece indicar, por el contrario, que Trump se mueve por reacciones viscerales e imprevisibles, sea para distraer la atención interna de los múltiples escándalos en los que está involucrado, sea para dar alicientes coyunturales e inmediatos a los intereses corporativos a los que representa y para satisfacer a las corrientes más oscuras, atrasadas y brutales de la sociedad estadunidense, las cuales conforman, al fin de cuentas, su respaldo social.
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Anexo:
Entre muros y aranceles
Alejandro Nadal*
Rex Tillerson se opuso en su momento a los aranceles sobre acero y aluminio aprobados por Donald Trump. Hoy el ex secretario de Estado ha sido defenestrado, mientras los halcones del proteccionismo dominan la política comercial en la Casa Blanca. La ignorancia y la demagogia fortalecen sus posiciones.
Tillerson no fue el único opositor a las medidas proteccionistas. El secretario de Defensa, James Mattis, también lo hizo al señalar que dichas acciones sólo alejarían a países que han sido aliados tradicionales de Estados Unidos. Eso no deja de ser irónico: Trump basó su decisión para imponer los aranceles en consideraciones de seguridad nacional al invocar la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.
La realidad es que nadie cree que las importaciones de acero y aluminio sean una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Además, al condicionar la imposición de los aranceles en los casos de México y Canadá a los resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Trump ha socavado su propia argumentación sobre seguridad nacional. O los aranceles son para proteger una industria que es vital para la seguridad o son una simple pieza de negociación: no pueden ser ambas cosas a la vez.
Trump ha recurrido a ese subterfugio porque le facilita la tarea legal y hasta le da cierta protección en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Y digo cierta, porque si bien las consideraciones de seguridad nacional están contempladas en las secciones pertinentes de los tratados fundamentales de la OMC (Marrakech 1995 y GATT 1947), es indiscutible que los socios comerciales también podrán imponer medidas compensatorias.
De todos modos, los aranceles no servirán para rescatar a esas industrias. En el caso particular del aluminio, difícilmente van a resucitar esa industria que está moribunda desde hace años. Entre 2012 y 2017 el volumen de la producción primaria (a partir de bauxita) se ha desplomado, pasando de poco más de 2 millones de toneladas a sólo 740 mil. En ese mismo lapso la producción, con el uso de chatarra y desperdicio reciclado, se ha mantenido estable, pasando de 1.6 a 1.4 millones de toneladas. En cambio, las importaciones de aluminio se dispararon de 3.7 a 6.2 millones de toneladas en ese periodo. Por cierto, a pesar de que mantiene altísimos niveles de capacidad instalada, China no es de los principales exportadores hacia Estados Unidos.
Así que la pregunta es: ¿quién está matando a la industria del aluminio en Estados Unidos? Y la respuesta no apunta hacia el exterior. Las causas de la destrucción de la industria de aluminio en Estados Unidos se encuentran en ese mismo país.
En 1998 había 23 plantas de aluminio en Estados Unidos y hoy tiene solamente cinco (una sexta planta entrará en operación a finales de este año). Un factor clave que explica el colapso en capacidad instalada se encuentra en la crisis de energía que sufrió el oeste de Estados Unidos en 2000 y 2001. Como es bien sabido (menos por Trump), la producción de aluminio es altamente intensiva en energía y dicho insumo tiene un perfil crítico en la estructura de costos unitarios de esa industria. En 2001 una intensa onda de calor afectó el oeste de Estados Unidos y provocó un fuerte incremento en la demanda de energía. Al mismo tiempo, la oferta de fluido eléctrico se vio comprometida por los bajos niveles de agua en las presas de la cuenca del río Columbia. Eso causó un fuerte aumento de precios en el sector eléctrico que afectó negativamente a los productores de aluminio.
Por si fuera poco, las cosas se complicaron todavía más debido a la desregulación en los esquemas de precios que los proveedores de energía podían utilizar. Los abusos no se hicieron esperar: en medio de la oleada de apagones en la región, la empresa Enron hasta retiró de la red el suministro de una de sus plantas en California, provocando escasez artificial y mayor alza de precios. Al final de esos dos años, la mayor parte de los fundidores de aluminio en la región había cerrado y la capacidad productora de Estados Unidos se había reducido en 43 por ciento. Por cierto, Enron Corporation fue el protagonista memorable en 2002 de uno de los peores escándalos de fraude corporativo en la historia de Estados Unidos.
El otro golpe a la industria productora de aluminio en Estados Unidos se lo propinó la gran crisis financiera de 2008. Cuando se derrumbó la industria automotriz en Estados Unidos, el precio de la tonelada de aluminio se colapsó. Después de mantener una tendencia al alza entre 2003 y 2009, el precio de la tonelada de aluminio cayó de 3 mil 291 a mil 262 dólares entre julio de 2008 y febrero de 2009. La producción se hizo incosteable y otras cinco plantas cerraron entre 2009 y 2012.
El fraude corporativo y la rapacidad de los banqueros rompieron la espina dorsal de la industria del aluminio en Estados Unidos. Los aranceles no la van a reparar.
El martes Trump se trasladó a San Diego para inspeccionar diseños y prototipos del muro que pretende construir en la frontera con México. Se hubiera ahorrado el viaje. El único muro que está construyendo es alrededor de su fallida administración.
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(*) Alejandro Nadal es un reconocido economista mexicano, profesor del centro de estudios Económicos del Colegio de México, columnista de La Jornada y miembro del consejo editorial de Sin Permiso. Artículo publicado en La Jornada de México, el 15/03/18
