Por Marcelo Contreras* – La Nueva Mirada
Este 11 de septiembre se cumplen 53 años del golpe civil militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende e instauró la dictadura de Augusto Pinochet, que permanecería en el poder durante 17 años, con su larga secuela de masivas violaciones a los derechos humanos. El presidente José Antonio Kast, rompiendo una tradición mantenida a lo largo de los 36 años desde la recuperación de la democracia, confirmó que no habrá un acto oficial en el Palacio de la Moneda. Pero nadie podrá impedir que miles de chilenos y chilenas (los zurdos mugrosos y muchos otros) conmemoren este triste aniversario de manera pública. Que concurran en romería a la tumba de Salvador Allende. Que pasen por Morandé 80, que se reúnan en plazas y calles a lo largo del país y en el extranjero para honrar su memoria.
El golpe militar de 1973 sigue siendo una herida abierta en nuestro país. Cientos de miles de chilenos sufrieron los rigores de la cruenta represión. Miles de familias aún esperan conocer el destino final de detenidos desaparecidos. Una herida en donde Javier Milei, en su reciente visita a nuestro país para participar en el foro de Madrid que reúne a los partidos de ultraderecha, estimó oportuno meter su dedo, calificando a Salvador Allende de comunista, sosteniendo que tras su derrocamiento el país había retomado la senda de la paz y el desarrollo. Como es consustancial al discurso de la ultraderecha en todo el mundo, estos sectores no dudan en falsificar la historia y la realidad para sustentar su mensaje de odio y descalificación a quienes piensan diferente. Es lamentable que el presidente Kast eluda comentar los dichos de su par argentino.
Aún hoy en día, a 53 años del golpe de Estado, y 36 años de la recuperación de la democracia, sigue siendo un campo de batalla discursivo que divide a los chilenos. En la derecha, con escasas excepciones, continúa primando la leyenda de que el golpe era inevitable porque de no producirse nuestro país iba derechito a Cuba. Incluso, como afirmara Evelyn Matthei, que las muertes de los primeros años fueron también inevitables. Hasta ahora, consideran que significaron hechos aislados o excesos ineludibles. No son pocos los sectores de derecha – a diferencia de lo manifestado reiteradamente por el fallecido expresidente Sebastián Piñera – que niegan la existencia de casos de desaparición forzada de personas, pese a las contundentes evidencias contenidas en el informe Rettig y de la comisión Valech, corroboradas en larguísimos procesos judiciales. Y así demandan, sin complejos, un rápido indulto presidencial para los condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el pueblo allendista y amplios sectores progresistas y populares recuerdan con emoción su victoria en 1970. El primer presidente socialista elegido democráticamente. No olvidan los esfuerzos del gobierno norteamericano para impedir su llegada al poder, incluído el asesinato del comandante en jefe del Ejército. René Schneider. Recuerdan, entre otros sucesos relevantes, su discurso la noche del 4 de septiembre, la reforma agraria, la nacionalización del cobre, el medio litro de leche y el soberano discurso en Naciones Unidas. También, el aciago 11 de septiembre y el bombardeo al palacio de la Moneda. Y su dramático discurso ese mismo día. Y no olvidan los 17 años de dictadura civil militar.
En su último discurso, en la conmemoración del 52 aniversario del golpe civil militar, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado explícito a no relativizar lo sucedido. “Para sostener la promesa del Nunca Más debemos estar alertas y activarnos frente a los discursos que relativizan el valor absoluto e incondicional de la dignidad humana”. Una alerta más que oportuna a reiterar en la actual coyuntura, cuando la política de memoria y derechos humanos del actual gobierno se encuentra bajo escrutinio internacional. En julio de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó a una audiencia específica sobre cuestionamientos a las políticas de memoria y derechos humanos eludidas por el gobierno de Kast, luego que agrupaciones de familiares presentaran una denuncia en Washington.
Una investigación publicada durante el mes de agosto de este año detalló los principales puntos de esa denuncia. El primero son los llamados “indultos pasivos”. Según la abogada Magdalena Garcés, el gobierno había prohibido a los abogados del Programa de DD.HH. intervenir en los procesos de revisión de condenas, lo que se tradujo en la ausencia del Programa en una veintena de audiencias durante 2026. Por su parte, la abogada Erika Hennings, de la Fundación Londres 38, denunció que de los 33 sitios de memoria administrados por organizaciones de la sociedad civil tan sólo cinco cuentan con financiamiento estatal permanente, y apenas ocho accederán al fondo concursable de 2026. A ello se suman los cuestionamientos al funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Los primeros seis meses de gobierno. Un balance muy poco alentador
Los primeros seis meses de gobierno presentan un balance decepcionante, en donde el desorden ha marcado la tónica. Un desorden que se extiende al interior del gobierno y en su fragmentada coalición. No tan sólo por la temprana salida de dos ministras, varios subsecretarios y más de 40 autoridades designadas por La Moneda. Con tensiones más que evidentes entre los ministros políticos y las autoridades económicas, así como del titular de Defensa con el de Relaciones exteriores. Diversas autoridades trasandinas han relativizado los tratados internacionales que consagran la soberanía de nuestro país sobre el estrecho de Magallanes. Y el gobierno de Donald Trump, supuesto aliado estratégico de J. A. Kast, no ha dudado en imponer un arancel de 12,5 % a las exportaciones hacia los EE. UU. Por su parte, el embajador norteamericano se permite afirmar que nuestro país se ha plegado a la doctrina Donroe, lesionando la soberanía nacional.
El gobierno se congratula de haber aprobado la reforma tributaria con los votos del oficialismo, pese a las fundadas advertencias de organismos técnicos y variados economistas acerca de sus riesgos. Pero la economía no da visos de recuperación. El ministro de Hacienda había sostenido que la economía crecería en torno al 4 % durante el presente año, sin embargo, proyecciones recientes ponen en duda que pueda crecer más allá del 1 %. El desempleo se empina al 9.4 % y la inflación supera el 4 % anual. El proyecto de seguridad nacional presentado por el ejecutivo no concita consenso ni en su propia coalición, obligando al gobierno a una drástica reformulación. La política internacional se encuentra en entredicho y el canciller Pérez Mackenna deberá comparecer ante el parlamento para una interpelación.
El gobierno prepara el proyecto presupuestario para el 2027 bajo la perspectiva de un ajuste, mientras diversos ministerios sectoriales demandan aumentos urgentes para sus carteras, entre ellos los de Defensa, Salud y Vivienda. Sin embargo, el país contará con menos recursos para satisfacer esas demandas gracias a la reforma tributaria recientemente aprobada, y todo apunta a un presupuesto más bien austero, que impactará el gasto social, el empleo y los ingresos de las familias.
En la derecha existe preocupación. Tanto por el desorden al interior del gobierno como por la falta de coordinación política de sus ministros. Temen por un envejecimiento prematuro y una mayor caída en las encuestas de opinión. De poco o nada sirve intentar culpar al anterior gobierno por las malas cifras económicas. El país demanda resultados tangibles, tanto en materia económica como en cifras de empleo, disminución de la delincuencia y mayor seguridad, que constituyen las principales demandas ciudadanas y las promesas de campaña del actual gobierno. La mala noticia es que esos resultados no serán rápidos y, de llegar, pueden trascender el actual mandato presidencial.
La buena noticia es que el gobierno ha decidido ponerle urgencia a la reforma del sistema político luego que se alcanzara un amplio consenso político entre oficialismo y oposición. Quizás muchos piensen que esa reforma no se ubica en las prioridades ciudadanas, pero resultan indispensable para avanzar en una mayor gobernabilidad del país.
*Periodista.