Por María Vergara* – Diario Red
Rusia y China pidieron la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Este lunes 5 de enero se celebró una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada de forma urgente para abordar las amenazas a la paz y la seguridad internacional por las agresiones de Estados Unidos a Venezuela.
Sin embargo, la expectativa ciudadana frente a este tipo de sesiones se encuentra profundamente erosionada. No por desconocimiento de su importancia formal, sino porque, una vez más, las intervenciones estuvieron marcadas por la reiteración de posicionamientos ideológicos de los gobiernos, antes que por una defensa real del derecho internacional y de la paz.
Durante la sesión se evidenciaron narrativas profundamente divididas. Por un lado, varias delegaciones denunciaron lo que calificaron como el secuestro del presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, así como la detención de la primera combatiente y la creación de un grave precedente de intervención armada, ocupación y violación de la soberanía nacional.
Por otro lado, la delegación de Estados Unidos sostuvo que dichas acciones se justifican bajo acusaciones no comprobadas de narcoterrorismo, posesión de armas y tráfico de estupefacientes, argumentando además que estas medidas forman parte de una supuesta lucha regional contra los cárteles del narcotráfico.
La delegación cubana cerró la sesión denunciando que Estados Unidos actúa de manera sistemática mediante acusaciones infundadas, no solo contra Venezuela sino también contra Cuba, señalando supuestas operaciones de inteligencia regional.
Recordó además que 32 combatientes que defendieron al presidente eran cubanos, en el marco de acuerdos de cooperación bilateral que sostenían Cuba y Venezuela para la formación militar: estos asesinatos son la consecuencia directa de la intervención estadounidense que trata de desviar la atención de los actos violentos que encabezaron en contra de Venezuela.
Sudáfrica, al igual que otros Estados, planteó una reflexión contundente: el escenario actual parece desarrollarse como si las Naciones Unidas ya no existieran.
El derecho internacional ha sido vaciado de contenido real, y las soberanías nacionales han quedado desprotegidas. Hoy, como afirmó Irán, las opciones que se presentan a los Estados son resistir o aceptar la intervención estadounidense sin que exista una condena efectiva por parte de la comunidad internacional.
Lo que se defiende en estos espacios no es la democracia como principio universal, sino una democracia burguesa, funcional a los intereses de las élites económicas globales.
Las representaciones diplomáticas, en su mayoría, no actúan en defensa de los pueblos, sino como extensiones de los intereses corporativos y geopolíticos de sus Estados.
Ante este panorama, resulta ilusorio hablar de diálogo en igualdad de condiciones. Lo único viable es denunciar la ocupación y exigir la no agresión contra la nación caribeña.
En este sentido, el académico Jeffrey Sachs y participante de la reunión fue claro al señalar que el debate no debería centrarse en el futuro político de Venezuela, sino en el principio fundamental que prohíbe el uso de la fuerza, la intervención territorial y la amenaza militar, prácticas que Estados Unidos ha empleado de manera sistemática para provocar cambios de régimen.
Sachs advierte que abandonar la Carta de las Naciones Unidas tendría consecuencias catastróficas para la paz mundial y la supervivencia de la humanidad.
Desde 1947, la política exterior estadounidense ha recurrido de forma recurrente al uso de la fuerza, operaciones encubiertas y manipulación política para derrocar gobiernos. Registros históricos documentan al menos 70 intentos de cambio de régimen promovidos por Estados Unidos, muchos de ellos tolerados o legitimados en el marco de las propias Naciones Unidas.
Ejemplos claros de estas acciones fuera de la legalidad del Consejo de Seguridad incluyen:
- Irak (2003)
- Libia (2011)
- Siria (desde 2011)
- Honduras (2014)
- Ucrania (desde 2002)
- Venezuela (desde 2002 hasta la actualidad)
En el caso venezolano, estas acciones han incluido guerra económica, operaciones encubiertas, financiamiento de grupos opositores, manipulación mediática y digital, sobornos, asesinatos selectivos y sanciones económicas, todas ellas ilegales según la Carta de la ONU, y que no han sido detenidas.
Estados Unidos intentó en abril de 2002 promover un golpe de Estado en Venezuela y, desde 2010, ha financiado organizaciones no gubernamentales involucradas en protestas contra el gobierno. Cuando Venezuela logró contener la crisis inducida, se impusieron sanciones económicas.
En 2015, el presidente Obama calificó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense. Posteriormente, durante la administración Trump (2017–2020), se promovieron amenazas de invasión y sanciones directas contra PDVSA, reduciendo la producción petrolera en más del 75% y provocando una fuerte caída del PIB venezolano.
A pesar de que el Consejo de Seguridad ha tenido conocimiento de estas acciones, no ha adoptado medidas contra Estados Unidos.
Por el contrario, reconoció a figuras sin legitimidad constitucional, como Juan Guaidó, y permitió el congelamiento de aproximadamente 7 mil millones de dólares de activos soberanos venezolanos en el exterior desde enero de 2019, utilizados abiertamente para promover un cambio de régimen.
Ninguna de estas acciones fue autorizada por el Consejo de Seguridad ni puede justificarse como legítima defensa. Países como Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela han sido víctimas de estas prácticas.
La teoría realista de las relaciones internacionales describe esta situación como la tragedia de la anarquía internacional, donde el poder sustituye al derecho.
Tras la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones para evitar esta tragedia, pero su fracaso condujo a una guerra aún más devastadora. Las Naciones Unidas surgieron como el último esfuerzo de la humanidad para colocar el derecho internacional por encima de la fuerza.
En la era nuclear, repetir ese fracaso sería definitivo. No habría una tercera oportunidad, como señala Sachs.
La supervivencia de un orden internacional basado en normas depende de una decisión fundamental: si la Carta de las Naciones Unidas seguirá siendo un instrumento vivo del derecho internacional o se permitirá que caiga en la irrelevancia. Esta es la responsabilidad histórica a la que se enfrenta el mundo al defender el derecho de las naciones a existir en paz y con soberanía.
*María de Jesús Vergara Alba estudió biología en la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM; es militante de Ciencia para el Pueblo, Capítulo México y delegada de la Internacional Antifascista.
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