Editorial – La Vanguardia de Barcelona
Tras obtener una reacción favorable al nuevo acuerdo británico con la UE sobre el protocolo de Irlanda del Norte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, acaba de presentar un plan para frenar la llegada de pateras al Reino Unido. No es esta una cuestión menor, como tampoco lo es en el resto de Europa. En lo que va de año han arribado a las costas británicas, tras una azarosa travesía del canal de la Mancha, 4.500 inmigrantes sin papeles solicitantes de asilo, cifra que a fin de año puede haber ascendido a 85.000, según las proyecciones disponibles.
El propósito del plan de Sunak es comprensible, pero la dureza del mismo ha generado reservas. Entre otras cosas, el premier pretende que permita detener de inmediato a los recién llegados, devolverlos a sus países de origen –o a otros como Ruanda, con el que el Reino Unido tiene un convenio ad hoc–, o bien mantenerlos en prisión durante cerca de un mes y, también, prohibirles de por vida el ingreso en el país.Al pulsar esta cuerda, Sunak pretende responder al descontento registrado entre los habitantes de la costa sur inglesa, y acaso sacar réditos en las elecciones previstas para 2024, en una coyuntura en la que los conservadores van veinte puntos por detrás de los laboristas en intención de voto.Pero las primeras reacciones causadas por su anuncio han sido adversas. Por supuesto, la del líder laborista, Keir Starmer, que duda de su posible éxito, dado que en su opinión contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos, así como la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Refugiados.
En este sentido, Vicky Tennant, representante para el Reino Unido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), calificó el plan de Sunak, defendido por su ministra del Interior, Suella Braverman, de “muy preocupante”. Y añadió que prefigura “una clara violación” de la convención del refugiado establecida por el organismo internacional.
No le falta razón. Si se formalizara el plan adelantado por el premier Sunak, ni siquiera las personas que llegaran a la costa británica con legítimas peticiones de asilo tendrían oportunidad de presentarlas. Lo cual equivale a decir que el Reino Unido mostraría su rostro más insolidario al desentenderse de quienes le piden auxilio porque su seguridad está de veras amenazada.
La inmigración ilegal es una cuestión a la que los países desarrollados deben hacer frente coordinadamente y, por tanto, una prueba clara de los inconvenientes del Brexit. Pero dado que la separación británica de Europa no parece ahora reversible, hay que señalar que el Reino Unido dispone de otros modos para afrontar las migraciones. Por ejemplo, mejorando sus dispositivos de control fronterizo y respetando en todo momento la legalidad internacional.