Horacio Larraín*
Hace exactamente tres años escribíamos acerca del evento llamado Brexit, British Exit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Esa decisión, que fue aprobada por una mayoría de 52% de la población británica en un controvertido y disputado referéndum convocado por el ex primer ministro conservador David Cameron el 23 de junio de 2016, ha marcado la agenda política de Europa en el último tiempo. (Redseca, 2017)
Este pasado viernes 31 de Enero de 2020, se consumó el controvertido proceso. El Reino Unido abandonó la Unión Europea, sin que se haya llegado a un acuerdo previo, aparte de la aplicación directa del Artículo 50 de Tratado de Lisboa, tal como lo exigió Bruselas desde un principio. Algunos medios le han llamado a esto el “hard Brexit”.
Para el ciudadano británico común, ello significará una preocupante exposición a las fuerzas del mercado desregulado, de momento que cesarán todos los acuerdos de leyes sociales de protección que fueron adoptadas por el Reino Unido a su ingreso en el Mercado Común Europeo en 1972. Probablemente, este fue uno de los objetivos de la publicidad por parte de los poderes económicos dominantes que influyó en la decisión popular del Brexit.
En otro ámbito, ha sido una importante escisión del conglomerado jurídico-político-económico europeo que, en alguna medida, afectará el peso de Europa en el ámbito global en vista de la consolidación del duopolio del poder mundial representado por USA y China.
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), el llamado segundo pilar de la Unión Europea, inevitablemente tendrá que experimentar un cambio. En parte, porque la UE reducirá su población en un 7,5%. En parte, porque en las decisiones de la organización existe el llamado voto doble. Cada país vale por uno, pero también cada país pesa de acuerdo a su población.
Desde la perspectiva de defensa, la UE dejaría de tener un socio con poder nuclear, permaneciendo solamente Francia como potencia atómica en el continente. Aunque, se debe aclarar, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no implica su abandono de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el sistema defensivo de Europa Occidental. No obstante, el hecho no deja de tener repercusiones, toda vez que las decisiones de seguridad y defensa no son autónomas respecto a las determinaciones de carácter político. En el sistema democrático, se supone que es la política el vértice superior de las decisiones.
Tras la incorporación del Reino Unido a la Comunidad Europea, se experimentó una disparidad de criterios en cuanto a la aproximación hacia las relaciones exteriores y la seguridad entre este y Alemania. El primero ha sido más propenso a cerrar filas de manera casi incondicional con los intereses del Pacto Atlántico, es decir, con Estados Unidos, mientras Alemania ha tenido una tendencia más partidaria en orden a producir resoluciones consensuadas al interior de la Unión Europea más apegadas al derecho internacional y a las directivas de las Naciones Unidas.
Ocurrió en el caso de la invasión de Irak en marzo de 2003. (Larraín, 2003)
Mientras el Gobierno del Primer Ministro británico Anthony Blair fue entusiasta partícipe de la “Coalición de los Voluntarios” (Coalition of the Willing) propugnada por el Presidente de los Estados Unidos George W. Bush para invadir ese país y derrocar a Saddam Hussein, el Canciller alemán Gerhard Schöeders era partidario de hacer cumplir la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de verificar in situ la veracidad de la acusación americana de que Hussein poseía Armas de Destrucción Masivas (ADM) y que había estado involucrado con Al Qaeda, los autores confesos del ataque a las Torres Gemelas el 11/9 de 2001.
La invasión se llevó a cabo, dando inicio a la desestabilización de Medio Oriente hasta nuestros días. No se encontraron rastros de ADM, como tampoco se pudo probar algún nexo entre Hussein y Al Qaeda. Sin embargo, el derrocamiento del autócrata iraquí terminó por convertir a Irak en un estado fallido, lo que permitió la penetración de la Yihad islámica agitada por ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria), una organización terrorista que aun opera en la región.
Por lo expuesto, consideramos que la salida del Reino Unido de la UE permitirá a la Europa continental implementar una política exterior y de seguridad más independiente de la influencia atlántica. Menos agresiva y menos provocativa hacia Rusia y Medio Oriente. Es de esperar. Tal vez, una UE más propensa a reforzar los lazos económicos, políticos y culturales con Eurasia. Después de todo, los territorios y las poblaciones de la Europa continental y de Rusia fueron los principales escenarios y las víctimas trágicas, respectivamente, de las dos brutales guerras mundiales del último siglo. El entendimiento y la paz debiera ser un sentimiento prioritario y mayoritario entre ellos.
El Brexit representaría una especie de gana-gana para la UE. Si el Reino Unido permanecía en la organización, lo haría aceptando las reglas del juego. Si la abandonaba, sin arrastrar otros, la UE se deshacía de un socio poco cooperador.
En el nuevo escenario que surge, se trataría de impulsar una mayor autonomía estratégica para la Unión Europea.
Hasta el momento, la pertenencia de casi toda Europa a la OTAN ha implicado un relativo bajo costo económico en defensa para sus socios, en promedio bajo 2% del PIB de cada uno. Esto se debe a que la mayor parte del peso presupuestario de la organización de defensa europea ha recaído en los Estados Unidos, el que promedia sobre 6% de su PIB en defensa. Un aspecto que el Presidente Trump continúa insistiendo en revisar, exigiendo mayor gasto en defensa a los europeos, so pena de declarar obsoleta a la OTAN, como ya lo había manifestado en su campaña política.
Sin embargo, existiría un precio político a pagar por los europeos, que tiene que ver con su dependencia y su disponibilidad para apoyar política y militarmente las estrategias e intereses de los norteamericanos en cualquier parte del mundo.
Algunas de esas estrategias pueden poner en riesgo los propios intereses de seguridad europeas. Por ejemplo, si Estados Unidos continúa presionando para ampliar a la OTAN hacia Europa del Este, incluyendo a Ucrania en el Pacto Atlántico, expondría al resto de los miembros a tener que cumplir con el principio de defensa mutua. De hecho, en el 2013, Estados Unidos promovió la rebelión en ese país conocida como Euromaidan, encabezada por partidos de ultra derecha de raigambre nazi los que, históricamente, habían luchado del lado del Tercer Reich en contra del Ejército Rojo. Finalmente, se concretó el golpe de estado promocionado por los Estados Unidos en esa ex república soviética, lo que resultó en el derrocamiento del presidente pro ruso Viktor Yanukóvich en Enero de 2014. La respuesta de Putin no se hizo esperar. Luego de un referéndum popular favorable a la creación de la República de Crimea, se produjo su anexión a la Federación de Rusia, acto que se consolidó mediante una acción militar en marzo de 2014.
La reacción de Estados Unidos fue la aplicación de sanciones económicas a Rusia pero que, en muchos casos, afectaron intereses comerciales, económicos y energéticos previamente contraídos entre países europeos y la Federación Rusa.
Se espera que el Brexit permita a la Unión Europea enfilar hacia una Política Exterior y de Seguridad Común más independiente respecto al Pacto Atlántico, con miras a desarrollar lazos políticos, económicos y culturales con los países de Eurasia, cuyas economías emergentes se encuentran plenas de recursos.
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**El autor fue oficial de la Armada de Chile. Permaneció leal a Salvador Allende y a su juramento de obediencia a la Constitución y Leyes vigentes en Septiembre de 1973, oponiéndose al golpe militar. Actualmente es politólogo, Magíster de la Universidad de Chile, M.A. de la Universidad de Heidelberg, Magíster en Seguridad y Defensa de la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos). Miembro del equipo editorial de RedSeca. Artículo enviado a Other News por el autor..
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Anexo:
El Peñón y el veto
Editorial, El País
España mantiene su vara alta sobre el futuro acuerdo UE-Reino Unido
Triple noticia sobre Gibraltar. Por un lado, el Gobierno español envió ayer al Parlamento el tratado internacional acordado el año pasado con el Reino Unido para evitar la competencia fiscal desleal proveniente del Peñón. Una vez ratificado por las Cámaras de ambos países, para lo que se calcula un plazo de pocos meses, el tratado podrá entrar en vigor. España dispondrá así de un instrumento inédito en la historia para combatir el fraude, el contrabando y la elusión fiscal de lo que sigue siendo un semiparaíso fiscal implantado en el extremo sur de Europa.
De esta forma, se evitará que parte de la presión fiscal sobre personas físicas y empresas se deslocalice hacia Gibraltar, atraídas por un régimen impositivo incluso más siniestro que el de Singapur: el tipo nominal del impuesto de sociedades alcanza el 10%, por el 17% teórico en el enclave asiático (aunque solo teórico; la realidad tras las cuantiosas exenciones y desgravaciones es muy inferior).
El tratado en ciernes obligará a tributar en España sin ventaja ninguna a aquellas empresas que incluso operando en el Peñón posean la mayoría de sus activos físicos o generen la mitad de sus ingresos en territorio español, y a que los directivos de las mismas sean residentes fiscales en España. Gibraltar conseguirá a cambio limpiar en parte su oscura imagen de lavadero de dinero negro.
Se trata de una buena noticia, ya larvada bajo el mandato de la primera ministra Theresa May, y es de esperar que en este caso su sucesor, Boris Johnson, rinda honor al compromiso firmado entre ambos Gobiernos.
La segunda novedad tiene más aristas. Consiste en el anuncio por parte del negociador europeo, Michel Barnier, de que en las conversaciones sobre la relación futura UE-Reino Unido “no se excluye” la incorporación de una mesa especial de diálogo sobre Gibraltar. Algo sorprendente, por cuanto en su reciente visita a Madrid no anunció nada de eso a sus interlocutores del Gobierno. Y no estaba previsto, por cuanto el peso de las relaciones específicas en ese asunto corría a cuenta de los negociadores españoles. Pese a ese traspiés diplomático, que conviene no repetir —y menos aún en un asunto tan sensible—, esta eventual nueva mesa podría prestar algunos servicios complementarios, a condición estricta de que el papel en ella de España no se produzca ex post (en la fase de validación de los acuerdos) sino ex ante(con carácter previo a su fragua). No importa seguramente que eso se configure así con formalismos excesivos: basta que medie el firme compromiso de que la dinámica funcione de hecho como la que se registró, para el caso de Irlanda del Norte, entre la UE y Dublín en el asunto del protocolo irlandés, el diseño de los límites fronterizos de la isla.
La tercera noticia, muy vinculada a la anterior, es, más que una novedad estricta, la satisfactoria ratificación del ya establecido (en la fase anterior) veto español sobre la aplicación al Peñón del futuro acuerdo UE-Reino Unido. Así figura nuevamente en las directrices de negociación aprobadas el lunes en Bruselas. La bondad del mantenimiento de aquel logro español viene refrendada, en sentido contrario, por el lamento que del mismo ha entonado el Ejecutivo del Peñón.05.02.2020