Se vende política de Estado: el caso del Sáhara Occidental

JON S. RODRÍGUEZ FORREST – Público.es

La renuncia de Pedro Sánchez a la posición histórica de España en relación al Sáhara Occidental, que se basa sobre una salida al conflicto basada sobre la descolonización del territorio y la libre determinación del pueblo saharaui tal y como recogen las resoluciones de Naciones Unidas, ha sido entendida como una traición por una sociedad española. Una sociedad que, a pesar de sus gobiernos, mantiene importantes lazos de fraternidad con las y los saharauis. Es particularmente grave que hayamos descubierto un cambio en la política exterior española de este calado a través de una información hecha pública por la casa real marroquí, que más allá de la legalidad internacional y la justicia, tiene también importantes consecuencias geopolíticas en nuestro entorno más inmediato. Parece que los 47 años de resistencia del pueblo saharaui a la ocupación marroquí no ameritan ni un debate en el Parlamento, no hablemos ya de un proceso de reflexión sobre las alianzas estratégicas de nuestro país en su vecindario.

Esta decisión, que ya ha provocado que Argelia llame a consultas a su embajador en Madrid y que China se pronuncie de forma nítida sobre la cuestión saharaui para criticar la postura de Sánchez, no aparece de la nada. Es el producto de años de chantajes y presiones marroquíes a diferentes gobiernos europeos utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance. Una de las más visibles ha sido la instrumentalización de las personas migrantes que tratan de llegar a Europa a través de Marruecos, que no han dudado en utilizar como moneda de cambio en procesos de todo tipo: desde las negociaciones del acuerdo agrícola con la UE hasta para protestar por la acogida del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática en España por razones humanitarias el pasado mes de abril. Pensar que un socio que se ha comportado de este modo con anterioridad va a cambiar ahora es, como poco, ingenuo. El pasado nos demuestra que Marruecos, cuando tenga un nuevo reclamo, volverá a jugar con las vidas de las personas.

Es la propia Unión Europea la que se ha colocado en esta situación de vulnerabilidad debido al proceso de externalización de fronteras que ha emprendido y que otorga control sobre nuestras fronteras a regímenes autocráticos, desde Turquía a la Libia controlada por milicias armadas. Las políticas racistas de la Europa Fortaleza condicionan nuestra política exterior y crean una vulnerabilidad que es particularmente sensible en los estados fronterizos como el nuestro. Poco ha importado la documentación de terribles violaciones de derechos humanos en la Frontera Sur, de palizas por parte de las fuerzas especiales marroquíes a migrantes subsaharianos o de personas abandonadas por la gendarmería en medio del desierto. Mientras Marruecos permitiera a la Unión Europea mantener su política de control de frontera todo ha valido. De hecho, se han iniciado prácticas como el entrenamiento y armamento de las fuerzas de control fronterizo en Europa, que luego se han exportado a otros países.

Voceros del PSOE ya han reconocido que precisamente la cuestión migratoria ha jugado un papel importante en esta decisión, ya que entienden que estabilizará las fronteras de Ceuta y Melilla. Curiosa forma de entender la estabilidad cuando esta se construye sobre la violencia y la represión en función del color de piel. Pero hay otra dimensión que no se ha comentado tanto y que tiene un peso importante: la ocupación del Sáhara Occidental es un importante negocio que produce beneficios a multitud de empresas españolas. No importa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya anulado una y otra vez acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos que abarcan el territorio o las aguas saharauis. La UE sigue firmándolos. El Sáhara es un territorio rico en recursos y Marruecos ha desarrollado, con éxito parece, una estrategia basada en la implantación de empresas extranjeras para consolidar su ocupación. Las empresas extranjeras expolian pescado de las aguas saharauis por valor de 1.300 millones de euros anuales, una parte importante de las cuales son españolas. Sucede lo mismo con otros sectores importantes en este territorio como la extracción de fosfatos, la agricultura o la seguridad. La española Indra es responsable de la instalación de sistemas de seguridad en las ciudades ocupadas de El Aaiún, Smara y Dajla que contribuyen directamente a la brutal represión de activistas sociales y políticos. Otro sector que ha encontrado un nicho de negocio en la ocupación del Sáhara Occidental es el de las energías renovables, con empresas como Enel o la española Siemens Gamesa, desarrollando macroplantas de producción de energías renovables sobre territorios ocupados. Cuando hay posibilidad de enriquecimiento, poco importa el derecho internacional y la decisión de Sánchez viene a proteger estas inversiones que se han establecido bajo unas condiciones privilegiadas brindadas por Marruecos.

Más allá de los riesgos que pueda entrañar esta decisión, dada la dependencia energética española del gas argelino, indica una preocupante miopía ante el papel clave que España podría jugar en una solución democrática y en base al derecho internacional del conflicto. El Magreb es nuestro entorno más cercano y, sin embargo, hemos decidido desplegar una posición en él subordinada a los planteamientos más atlantistas, evitando ampliar nuestros interlocutores más allá de la monarquía marroquí. En lugar de cultivar relaciones con Argelia o Mauritania en un momento en el que estos países pueden jugar un papel importante a escala regional por los beneficios derivados de la presencia en ellos de recursos estratégicos, incluidos elementos de las denominadas tierras raras, el espaldarazo a Marruecos parece más bien fruto de una visión cortoplacista. En un marco de incremento del conflicto entre Marruecos y Argelia, con importantes implicaciones para el Sáhara Occidental, Sánchez renuncia no sólo a jugar el papel que le corresponde a España por su responsabilidad histórica, sino también a promover un modelo diferente de relaciones con nuestro vecindario que genere un contrapeso al modelo de monarquía autoritaria marroquí. España podría tener un papel influyente y proactivo en la región pero el presidente no quiere usar esta oportunidad y decide agachar la cabeza a cambio de que se asegure una frontera cerrada y se mantengan los beneficios de unas pocas empresas.

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¿Por qué la decisión del Gobierno español sobre el Sáhara no cumple con el derecho internacional?

El derecho a la libre determinación del pueblo saharaui se reconoce desde 1960, y el plan de Marruecos para su soberanía en el territorio que apoya ahora el Gobierno contradice el derecho internacional. La Comisión Europea ha recordado que el proceso político del Sáhara debe resolverse acorde con las resoluciones de la ONU, y el derecho internacional ha reconocido en diversas ocasiones el derecho del Sáhara Occidental a llevar a cabo la libre determinación.

https://www.publico.es/politica/decision-gobierno-espanol-sahara-no-cumple-derecho-internacional.html