Por José Luis Gómez* – Mundiario
La primera huelga general en 14 años refleja un malestar social que trasciende las diferencias políticas. Quien gobierne España después de las elecciones tendrá que afrontar el encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo y, especialmente, una crisis de vivienda que amenaza la estabilidad de las familias y las expectativas de los jóvenes.
La huelga general celebrada este miércoles en España, la primera en 14 años, dejó algo más importante que las cifras de participación, las carreteras cortadas o las discrepancias habituales entre sindicatos y empresarios. Puso de manifiesto una preocupación social que ningún Gobierno debería ignorar: para una parte considerable de los ciudadanos, tener empleo ya no garantiza poder vivir con tranquilidad, formar una familia o acceder a una vivienda digna. Y esa realidad, que afecta especialmente a los jóvenes y a las rentas medias y bajas, no desaparecerá con el resultado de las próximas elecciones generales.
La movilización tuvo un seguimiento desigual, con mayor incidencia en territorios como Cataluña, Galicia, Aragón y Asturias. Los sindicatos la consideraron un éxito, mientras que las organizaciones empresariales cuestionaron su alcance. Pero reducir el significado de la jornada a una batalla de porcentajes sería quedarse en la superficie de un problema mucho más profundo.
España ha registrado avances económicos y laborales que sería injusto desconocer. El crecimiento del empleo, la subida del salario mínimo y la mejora de determinados indicadores macroeconómicos constituyen progresos relevantes. Sin embargo, la percepción de bienestar de los ciudadanos no depende exclusivamente de esas estadísticas. Depende, sobre todo, de cuánto dinero queda disponible después de pagar la vivienda, la alimentación, la energía y los gastos cotidianos. Y ahí aparece una contradicción cada vez más difícil de sostener: una economía puede crecer mientras numerosos hogares sienten que su capacidad de compra disminuye.
Los datos salariales ayudan a entender ese malestar. Hasta octubre, las remuneraciones pactadas en convenio habían aumentado un 3,06%, frente a una inflación interanual del 4,9%, según las cifras recogidas por El País. Esa diferencia supone una pérdida de poder adquisitivo que afecta de manera desigual a los trabajadores y resulta especialmente perjudicial para quienes destinan una proporción elevada de sus ingresos a necesidades básicas. Pero el verdadero epicentro de la protesta fue la vivienda. El encarecimiento de los alquileres y las dificultades para comprar una primera residencia han convertido un derecho reconocido constitucionalmente en una aspiración cada vez más lejana para muchos ciudadanos. No se trata solo de quienes viven en situaciones de vulnerabilidad. También profesionales cualificados, investigadores, parejas con dos salarios y familias con empleos estables encuentran enormes obstáculos para establecerse en las ciudades donde trabajan.
La vivienda se ha transformado así en un problema económico, social y generacional. Retrasa la emancipación de los jóvenes, condiciona la natalidad, limita la movilidad laboral y agrava las desigualdades entre quienes poseen patrimonio inmobiliario y quienes dependen de un alquiler. Además, introduce una fractura territorial: mientras algunas zonas sufren precios prohibitivos, otras afrontan despoblación y escasez de oportunidades. Una política eficaz deberá atender ambas realidades.
La respuesta exige superar las simplificaciones ideológicas. La izquierda tiene razones para reclamar una mayor intervención pública, más vivienda protegida y mecanismos que impidan abusos en el mercado del alquiler. La derecha también acierta cuando señala la necesidad de aumentar la oferta, facilitar suelo urbanizable donde resulte adecuado, agilizar licencias y proporcionar seguridad jurídica a quienes invierten en vivienda. Ninguna de estas aproximaciones, por sí sola, resolverá un problema acumulado durante décadas.
España necesita construir más viviendas donde existe demanda, recuperar una política sostenida de vivienda pública, favorecer el alquiler asequible y evitar que la regulación termine reduciendo la oferta disponible. También debe mejorar las conexiones de transporte y los servicios públicos para ampliar las posibilidades residenciales más allá de los grandes núcleos urbanos. Son objetivos que requieren financiación, coordinación administrativa y continuidad durante varias legislaturas.
La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre añade una dimensión política inevitable a la huelga. Los partidos que sostienen al Gobierno han mostrado comprensión hacia las reivindicaciones, mientras que PP y Vox han cuestionado las motivaciones de los sindicatos y su relación con el Ejecutivo. Es legítimo discutir la oportunidad de una convocatoria en plena precampaña electoral, como también lo es criticar los incidentes o las actuaciones de los piquetes que vulneren derechos de terceros. Pero sería un error convertir esa controversia en una excusa para desatender las demandas sociales.
El derecho de huelga forma parte de una democracia madura, del mismo modo que deben protegerse la libertad de trabajar, la actividad empresarial y los servicios esenciales. La confrontación sindical y política puede ser intensa sin desembocar necesariamente en una ruptura del diálogo. De hecho, uno de los desafíos del próximo Ejecutivo consistirá en reconstruir espacios de negociación entre trabajadores, empresarios y administraciones públicas. Ese diálogo tampoco puede limitarse a reclamar incrementos salariales sin considerar sus efectos sobre la competitividad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Mejorar los ingresos exige productividad, inversión, formación y una economía capaz de generar empleos de mayor valor añadido. Pero invocar la competitividad para justificar indefinidamente la pérdida de capacidad adquisitiva tampoco constituye una respuesta aceptable.
El Gobierno que salga de las urnas, sea de izquierdas, de derechas o fruto de acuerdos parlamentarios, heredará una sociedad más exigente y menos dispuesta a aceptar que las grandes cifras económicas basten para describir su bienestar. Tendrá que negociar con los sindicatos, escuchar a las empresas, cooperar con comunidades autónomas y ayuntamientos y reconocer que las soluciones no llegarán mediante anuncios improvisados ni promesas electorales difíciles de cumplir.
La huelga del 11 de noviembre debería interpretarse, por tanto, como una advertencia democrática antes que como una victoria o una derrota de unos contra otros. Su importancia no reside solo en cuántos trabajadores dejaron de acudir a sus puestos, sino en la profundidad de las preocupaciones que llevaron a miles de ciudadanos a manifestarse.
España afronta una cuestión decisiva para su cohesión social: conseguir que trabajar permita vivir dignamente y que disponer de una vivienda no dependa cada vez más de la herencia familiar o de un endeudamiento desproporcionado. Quien gobierne después del 29-N tendrá que demostrar que comprende esa realidad y que está dispuesto a abordarla con medidas concretas, recursos suficientes y voluntad de acuerdo. Porque las elecciones decidirán quién ocupa La Moncloa, pero no harán desaparecer las dificultades que han llevado el malestar a las calles. El futuro Gobierno podrá tener una orientación política u otra; lo que no podrá permitirse es gobernar de espaldas a una sociedad que reclama salarios suficientes, precios asumibles y, por encima de todo, un lugar donde vivir.
*Periodista, es el fundador de MUNDIARIO, periódico del que es editor. Es también comentarista de la Televisión de Galicia (TVG), Radio Galega y Radio Coruña (SER), así como analista económico de los diarios La Región y Atlántico, y editor del Anuario del Foro Económico de Galicia, entidad de la que es miembro fundador. Dirigió la revista Capital y los periódicos Xornal de Galicia y La Voz de Galicia y fue director editorial de Grupo Zeta. Es coautor, junto a la economista María Cadaval, del libro Cómo salir de esta (II), editado por Mundiediciones en octubre de 2021, a la venta en librerías y en Amazon. Está en posesión, entre otros, del Premio Diego Bernal de periodismo.