Estados Unidos e Israel implementan una estrategia sistemática de control geopolítico en América Latina mediante operaciones digitales, vigilancia tecnológica y manipulación electoral, utilizando herramientas como deepfakes, Big Data y software espía bajo el marco de la «Guerra de Cuarta Generación».
México enfrenta un sistema migratorio complejo donde simultáneamente expulsa, recibe, transita y retorna migrantes. Entre 2,5 y 3 millones permanecen varados tras fracasar en llegar a Estados Unidos, mientras las remesas representan el 3,5% del PBI nacional pero cayeron por primera vez en una década.
La crisis de Ceuta evidencia cómo la Unión Europea ha transformado a los migrantes de sujetos de derechos en amenazas de seguridad, mediante criminalización mediática y deshumanización que justifica políticas excepcionales incompatibles con el Estado de derecho.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, propone matar selectivamente entre 30 y 40 palestinos cada noche en Gaza, expulsar población y reconstruir asentamientos. Sus declaraciones deshumanizadoras reflejan cómo la extrema derecha ha pasado de los márgenes a ocupar posiciones clave en el Gobierno de Netanyahu.
Movimientos populares latinoamericanos se fortalecen con gobiernos progresistas tras siglos de laboratorio capitalista-colonial. La región ha oscilado entre opresión y liberación, desde dictaduras militares hasta experimentos socialistas democráticos, enfrentando ahora la contradicción entre neoliberalismo y democracia.
Los talibanes han consolidado su control de Afganistán cinco años después de tomar Kabul mediante 264 decretos que violan derechos humanos, con 166 dirigidos contra mujeres y niñas, creando un «apartheid de género» que expertos advierten no debe normalizarse internacionalmente.
El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador implementa un régimen autoritario progresivo mediante estados de excepción permanentes, militarización y represión, consolidando poder oligárquico-neoliberal con fachada democrática mientras normaliza violaciones de derechos humanos y vacía institucionalmente el Estado.
América Latina experimenta una división entre gobiernos derechistas que profundizan lazos con Israel y una opinión pública que rechaza las operaciones israelíes en Gaza. Nuevas administraciones conservadoras utilizan tecnología y equipamiento israelí mientras se alejan del apoyo palestino, con las elecciones brasileñas como próxima prueba decisiva.
Israel está retirando sistemáticamente diez millones de toneladas de escombros de Gaza para eliminar pruebas de crímenes de guerra, según denuncia el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, obstaculizando investigaciones de la Corte Penal Internacional mientras continúa la devastación humanitaria.
La Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia en La Haya operan con un doble rasero que favorece a potencias occidentales mientras persigue líderes del Sur Global, según análisis crítico que examina mecanismos de impunidad estructural y creciente resistencia legal desde la periferia.
