Diego García-Sayan*
Los objetivos de control autoritario y extremista del poder se retroalimentan tocando fibras ciudadanas sensibles
Se extiende por distintos rincones del mundo una marea negra de intolerancia, xenofobia y populismo. Políticas con esos denominadores comunes y medios de propaganda desde el poder que encuentran analogías con los que puso en marcha Joseph Goebbels —brazo agitpro de Hitler— en la década de los treinta del siglo pasado.
En Asia, el caso emblemático de Duterte en Filipinas es de horror. Miles de asesinatos cometidos abiertamente desde el Estado en los últimos dos años con una secuela de más de 7.000 muertos en nombre de la guerra contra las drogas. Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas que no generan en el mundo horror o protesta. Y, al revés, hasta motiva elogios de Trump, quien ha destacado el “increíble trabajo” de Duterte en este terreno.
En Europa, la ofensiva no es a sangre y fuego —al menos aún—, pero la marea negra avasalla sin que la Unión Europea pueda hacer algo muy efectivo para contrarrestarla. Gobiernos ultraderechistas y populistas como el de Orbán en Hungría o el de Polonia —que, de facto, maneja Kaczynski—, son emblemáticos de un sectarismo y autoritarismo gubernamental que no se conocía en Europa desde la década de los treinta del siglo pasado, cuando el furor del antisemitismo. La reciente ley húngara que establece que ayudar a inmigrantes es delito o, al igual que en Polonia, las regulaciones prohibitivas de donaciones a las ONG. En Polonia, esto va de la mano con el feroz ataque a la independencia judicial, poniendo bajo control gubernamental tanto al Tribunal Constitucional como a la Corte Suprema.
Los objetivos de control autoritario y extremista del poder se retroalimentan tocando fibras ciudadanas sensibles: “identidad de la nación” y hasta algunos loables como “seguridad ciudadana”. Todo sirve para agresivas y sistemáticas campañas de propaganda de estilo goebbeliano por Duterte, Orbán o los seguidores de Kaczynski quienes gozan hoy de respaldo mayoritario en sus países. Preocupante, porque parecería no haber nada muy eficaz para oponérseles. En estos tiempos de globalización conceptual de democracia y los derechos humanos, ella está en cuestión.
De esto ha habido varios en Latinoamérica en el pasado. Y procesos como el de regímenes hoy cuestionados, como el de la pareja Ortega-Murillo en Nicaragua, son ejemplo de eso. Pero con una diferencia fundamental con lo que pasa en países como los mencionados: en Latinoamérica son procesos políticos “de salida”, en caída libre. La pregunta es si hay condiciones o terreno fértil para que fenómenos como los que menciono aquí a modo de ejemplo pudieran “prender” en la región.
Si la inseguridad ciudadana es percibida como el principal problema de la sociedad, la mano dura puede aparecer como una opción tentadora
Tres anotaciones
Primero, claro que hay condiciones. Si la inseguridad ciudadana es percibida, con algo de razón, como el principal problema de la sociedad, la mano dura puede aparecer como una opción tentadora ante el agobio sufrido por la acción impune de la delincuencia. Tentación que puede calar en líderes políticos en contexto de hartazgo frente al crimen.
Segundo: no estamos ante una ruta fatal hacia el autoritarismo. De hecho, nada permite concluir que un camino de ese tipo se esté volviendo una ruta modélica a ser seguida o que las mayorías apuesten electoralmente por esas opciones. Así, por ejemplo, en las dos elecciones presidenciales más recientes (Colombia y México) los resultados no dejaron cabida para modelos tipo Duterte u Orbán; no se podría sostener, por ejemplo, que Iván Duque o López Obrador encarnaran esas opciones.
Tercero, que —habiendo terreno fértil— nada puede impedir que en algún país de la región se caiga a corto plazo en esta tentación. Algunos comentaristas, por ejemplo, ven más de una analogía entre el discurso mortícola, homofóbico y populista de Bolsonaro en Brasil con el de Duterte. Y algo más grave: este excapitán del Ejército, natural de Campinas, sigue a Lula en las preferencias electorales. ¿Sin el expresidente en carrera, estaría Bolsonaro primero?
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*Abogado y político peruano. Ministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y como de Ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Alejandro Toledo. Desde 2004 es juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo electo Presidente de dicha corte de 2010 a 2014. Artículo publicado en El País de Madrid.
Anexo:
Europa: ¿dilución o fraternidad?
Por Sami Naïr*
La inmigración obliga a precisar las referencias de las sociedades democráticas
Dos mensajes contradictorios: la reunión de Innsbruck del jueves no ha llegado a un acuerdo sobre la política migratoria de la UE. Frente al eje Austria-Alemania-Roma, apoyado por los países del Este, que quiere cerrar las fronteras al 100% y crear —aún no se sabe con quién— “plataformas exteriores” para externalizar la demanda migratoria, el resto de los países ha preferido posponer la decisión hasta nuevo aviso. Desde 2015, la falta de una visión común facilita el retorno de las políticas nacionales. Es el mensaje de la dilución de Europa.
Por su parte, el Consejo Constitucional francés acaba de tomar una decisión fundamental: afirma que facilitar la entrada ilegal de un extranjero es ilícito, pero ayudar por una causa humanitaria a una persona ya presente en el territorio nacional no es un delito, sino que constituye respeto a la fraternidad humana. Pues el valor de fraternidad inscrito en la Constitución francesa desde 1789 es también un principio constitucional que genera efectos jurídicos. La sentencia es inequívoca: “Se infiere del principio de fraternidad la libertad de ayudar al otro, con finalidad humanitaria, sin consideración de la regularidad de su estancia en el territorio nacional”. Así que los ciudadanos que ayudan a los refugiados en Francia no cometen ningún delito, sino que hacen uso de su derecho a la libertad garantizado por la Constitución. Es el mensaje de esperanza de Europa.
El telón de fondo que se dibuja, poco a poco, para las próximas elecciones europeas está claro. Por un lado, la extrema derecha, la crisis económica que está pudriendo culturalmente a la opinión pública y los Estados que corroen los derechos de las personas, han creado una situación de obsesión patológica sobre la inmigración. Por otro, la justicia y muchos ciudadanos europeos se resisten a dejar paso a la neofascisación de la Europa ilustrada.
Estamos frente a una gigantesca batalla. La inmigración obliga a precisar las referencias de las sociedades democráticas. Contra los partidarios del repliegue, la profundización del Estado de derecho es lo más adecuado. En el caso francés, el poder constitucional abre una seria oportunidad para reflexionar, más allá de la solidaridad, sobre la misma condición humana como base del derecho de la inmigración. El principio de solidaridad existe ya en la jurisprudencia europea, pero la decisión francesa puede transformarlo en norma jurídica vinculante. Es una filosofía radicalmente opuesta a la xenofobia que quieren imponer los ministros del Interior de gobiernos de extrema derecha. Cedric Hourou, el militante francés condenado por ayudar a refugiados y que provocó la decisión apelando al Consejo Constitucional, enarbola con valentía la visión ilustrada europea frente a los maestros del odio. Contra el racismo, afirma: “Seguiré defendiendo la humanidad, cualquiera que sea su color, procedencia, origen o religión”. Sí, la humanidad…
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*Politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático francés, especialista en movimientos migratorios y creador del concepto de codesarrollo. Entre 1997 y 1999 fue asesor del Gobierno de Lionel Jospin y hasta 2004, europarlamentario. En El País de Madrid.
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