Multilateralismo y unilateralismo

Un nuevo escenario para el atropello a la Corte Penal Internacional

Por Gustavo Ng* – Tektónicos

La derrota de Trump abre una disputa por el futuro del tribunal internacional de La Haya.

Entre su primera y su segunda administración, Donald Trump recrudeció su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI). La semana pasada el poder de Trump fue plebiscitado en las elecciones de medio término y el resultado le fue cruelmente adverso, lo que abre un espacio de incertidumbre respecto de cómo se posicionará EE.UU. respecto del escenario de redes, mecanismos y ju4ego de poder que ha ido creando la CPI.

Ante los ataques de Trump, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo (quien tuvo un rol fundamental en el juicio a los dictadores militares de Argentina y fue el primer fiscal jefe de la CPI), dijo: “Es un reto para todos los Estados miembros: para toda Europa, Reino Unido, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Japón, Nueva Zelanda, Australia. ¿Van a permitir que el Sr. Trump se convierta en el presidente mundial?”.

La ofensiva de Donald Trump contra la Corte con sede en La Haya, Países Bajos, comenzó el 15 de marzo de 2019, cuando su secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció restricciones de visado contra funcionarios involucrados en investigaciones sobre personal estadounidense, especialmente por crímenes en Afganistán. También advirtió que podían aplicarse para proteger a israelíes. En abril, Washington revocó el visado de la fiscal Fatou Bensouda.

El 11 de junio de 2020, Trump autorizó el bloqueo de sus activos. El 2 de septiembre, sancionó a Bensouda y al alto funcionario de la Fiscalía Phakiso Mochochoko, por investigar a estadounidenses y asistir esas pesquisas. Las medidas bloquearon bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibieron transacciones con los sancionados. Biden las levantó en abril de 2021.

La campaña se reanudó el 6 de febrero de 2025, cuando Trump firmó la orden ejecutiva 14203 y designó como primer sancionado al fiscal Karim Khan. La Casa Blanca sostuvo que en las investigaciones sobre personal estadounidense y las órdenes de arresto que la CPI había emitido el 21 de noviembre de 2024 contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por “presuntos” crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, el tribunal había actuado sin jurisdicción y que sus decisiones amenazaban la soberanía y la seguridad nacional estadounidenses. La orden dispuso el bloqueo de bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos, prohibió proporcionar fondos, bienes y servicios a los sancionados y habilitó restricciones de ingreso que alcanzaban también a familiares directos. Además, permitió sancionar a quienes prestaran apoyo material, financiero o tecnológico a las actuaciones cuestionadas.

El 5 de junio de 2025, sancionó a las juezas Bossa e Ibáñez Carranza, por autorizar la investigación sobre Afganistán, y Alapini-Gansou y Hohler, por intervenir en las órdenes contra dirigentes israelíes. El 20 de agosto, agregó a los jueces Guillou y Prost y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Niang, invocando nuevamente actuaciones contra estadounidenses e israelíes.

La campaña alcanzó a colaboradores externos. El 9 de julio de 2025, Rubio sancionó a la relatora de la ONU Francesca Albanese por cooperar con la CPI. El 4 de septiembre, fueron incorporadas las organizaciones palestinas Al-Haq, Al-Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos, por sus actuaciones judiciales contra Israel.

El 18 de diciembre de 2025, Washington castigó a los jueces Lordkipanidze y Damdin por decisiones contra Israel. El 18 de agosto de 2026, agregó a la presidenta Tomoko Akane y al abogado de la Fiscalía Abdoulaye Seye, por actuaciones contra funcionarios cuyos gobiernos no aceptaban la jurisdicción del tribunal.

El 9 de octubre de 2026, las represalias alcanzaron a la CPI como institución, bloqueando sus bienes y transacciones bajo jurisdicción estadounidense. Cuatro licencias introdujeron excepciones para operaciones, telecomunicaciones, software, pensiones y detenidos. La autorización para mantener su funcionamiento vence el 7 de abril de 2027.

La CPI
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente creado por el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y vigente desde el 1 de julio de 2002. Su mandato consiste en investigar y juzgar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo condiciones específicas, el crimen de agresión. Actúa como complementaria a las justicias nacionales, cuando estas no pueden o no quieren llevar adelante investigaciones y procesos, y carece de policía propia, por lo que depende de la cooperación de los Estados para detener y entregar a los acusados.

Entre los principales contribuyentes al presupuesto de la CPI figuran Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. Para estas potencias, el sostenimiento del tribunal tiene una dimensión estratégica, porque como institución multilateral contribuye a contener la arbitrariedad de actores más poderosos.

Argentina firmó el Estatuto en enero de 1999 y lo ratificó el 8 de febrero de 2001, por lo que integra el sistema desde su entrada en vigor. La participación regional es amplia, con 28 Estados parte de América Latina y el Caribe, incluidos los doce países sudamericanos, México y la mayoría de los centroamericanos. Esa pertenencia implica obligaciones de cooperación con el tribunal y participación en la Asamblea de Estados Partes, que elige a sus jueces y fiscales y aprueba su presupuesto.

Por otra parte, Estados Unidos, Israel, Rusia y China permanecen fuera del Estatuto. Sin embargo, la jurisdicción de la CPI puede alcanzar a ciudadanos de países ajenos al tratado cuando los presuntos crímenes se cometen en el territorio de un Estado parte o de uno que haya aceptado su competencia. Ese fundamento territorial permite que la Corte investigue a nacionales de grandes potencias y de sus aliados, una posibilidad que está en el centro de la confrontación con Washington.

El dilema de las potencias medias

Las sanciones estadounidenses ponen a las potencias medias en un brete. Quedan atrapadas entre su alianza de seguridad con Washington y la defensa de una justicia internacional que contribuyen a financiar. Es decir, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido deben decidir qué respaldo material y diplomático darán a una institución cuyas actuaciones provocan represalias de su principal aliado militar.

El caso japonés condensa esa contradicción, porque las sanciones alcanzaron a Tomoko Akane, ciudadana de uno de los mayores contribuyentes al tribunal y presidenta de la Corte. Para Tokio, defenderla supone sostener tanto la independencia judicial como la capacidad de los Estados miembros de preservar las instituciones que crearon.

Luis Moreno Ocampo colocó esa responsabilidad en el centro de su reacción cuando preguntó si se permitiría que Trump se convirtiera en el presidente mundial.

El jurista Eugenio Raúl Zaffaroni dijo en Tektónikos que la internacionalización del poder penal conserva su selectividad y tiende a alcanzar a los más vulnerables, mientras quienes están cerca del poder suelen permanecer impunes. Siguiendo ese planteo, las represalias contra la CPI aparecen claramente como un mecanismo que preserva esa desigualdad cuando la investigación judicial alcanza a dirigentes protegidos por una gran potencia. Para los países que financian y respaldan la Corte, tolerar su asfixia económica contribuiría a perpetuar una justicia cuya capacidad de actuar depende del poder de los investigados.

Vileza en el “patio Trasero”

El gobierno de Javier Milei ha acompañado de un modo humillante para los argentinos la ofensiva estadounidense contra la CPI mediante decisiones diplomáticas que debilitan el respaldo al tribunal.

El 21 de noviembre de 2024 rechazó las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant y acusó a la Corte de actuar bajo influencia política. El 7 de febrero de 2025, después de las primeras sanciones del segundo mandato de Trump, Argentina quedó fuera de la declaración de apoyo suscripta por 79 países.

La semana pasada Argentina votó junto con Estados Unidos contra una resolución de la Asamblea General de la ONU que respaldaba a la CPI y condenaba las amenazas e interferencias contra su funcionamiento. Argentina es Estado Parte, pero su gobierno contribuye al aislamiento político de la institución que se comprometió a sostener.

En otros gobiernos latinoamericanos aparecen distintas formas de acercamiento a esa campaña. En Ecuador, Daniel Noboa acusó a la CPI de haberse ideologizado y convertido en una herramienta de determinadas corrientes políticas, después de una visita de Marco Rubio en septiembre de 2026. Ese mismo mes, el gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella retiró la candidatura de Carolina Olarte-Bácares a magistrada del tribunal, también después de una visita del secretario de Estado. En Perú, el gobierno interino de José Jerí retiró en enero de 2026 el respaldo a la jueza de la CPI Luz del Carmen Ibáñez para ocupar un puesto en la Corte Internacional de Justicia. Su canciller invocó las sanciones estadounidenses y rusas, junto con una sanción disciplinaria interna, para considerar inviable la postulación.

Paraguay y El Salvador tampoco firmaron la declaración de respaldo de febrero de 2025.

La CPI en la era postelectoral

La trayectoria demócrata frente a la CPI combina la defensa de la justicia internacional con la voluntad de preservar a Estados Unidos de su alcance.

Aunque Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, luego sostuvo que la Corte solo debía ejercer jurisdicción sobre personal estadounidense después de que Washington ratificara el tratado. Por sus objeciones, decidió no someterlo al Senado.

Dos décadas después, Joe Biden levantó las sanciones impuestas durante el primer mandato de Trump por considerarlas inapropiadas e ineficaces, pero mantuvo expresamente el rechazo a que la CPI investigara a personal estadounidense e israelí.

Las divisiones entre los demócratas quedaron expuestas cuando Trump regresó al poder. El 9 de enero de 2025, 45 diputados del partido apoyaron el proyecto republicano de sanciones contra la CPI y 140 lo rechazaron.

En el Senado, la mayoría demócrata bloqueó su avance, pero parte de su dirigencia buscaba una legislación más acotada. El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que apoyaba buena parte del proyecto y objetó los perjuicios que su redacción podía causar a empresas estadounidenses y aliados. Otros diez senadores, entre ellos Cory Booker, Adam Schiff y Mark Kelly, reclamaron consecuencias severas para el tribunal por sus actuaciones contra dirigentes israelíes. En otra dirección, Ilhan Omar y cuatro colegas propusieron en julio de 2026 levantar las sanciones e incorporar a Estados Unidos a la Corte. Cuando Trump sancionó a la institución en octubre, Jeanne Shaheen advirtió que la medida aislaba al país y obstaculizaba la justicia para víctimas de atrocidades.

Después de la victoria demócrata del 3 de noviembre, la disputa con la CPI será uno de los terrenos en los que se definirá el rumbo de la política exterior estadounidense. El control de ambas cámaras dará al partido instrumentos para investigar, presionar y negociar límites a la ofensiva presidencial, aunque Trump conservará sus facultades ejecutivas y su poder de veto.

La nueva mayoría deberá resolver qué alcance dará a su defensa del multilateralismo, desde preservar las condiciones materiales de funcionamiento del tribunal hasta aceptar que sus investigaciones puedan alcanzar también a estadounidenses y aliados.

El vencimiento, el 7 de abril de 2027, de la licencia que permite mantener las operaciones de la Corte, ofrecerá una primera prueba concreta.

Para América Latina y las demás regiones que sostienen el Estatuto de Roma, esa discusión mostrará cuánto está dispuesto a cambiar Washington cuando las reglas internacionales comprometen sus propios intereses.

*Especializado en China. Creador y editor de Revista DangDai. Producciones para medios argentinos y de otros países —Tiempo Argentino, Perfil, Clarín, NHK y Asahi TV (Japón), Revista Maxim y diario El Mundo (España), entre otros. Fue corresponsal para el diario Yomiuri (Japón) en Brasil, Perú, Cuba, Colombia y otros países.  

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